Boletín UNAM-DGCS-654
|
|
FOTO
1
|
FOTO
2
|
 |
 |
 |
Pies de foto al final del boletín
RETROCESO ESPAÑOL EN
LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE
TRABAJADORES MIGRANTES
·
Con las reformas al código penal ahora se castiga a las ONG’s que
auxilian a extranjeros, explicó Susana Huerta Tocildo, de la Universidad de
Burgos
·
Tarde o temprano el Partido Popular deberá flexibilizar su política
migratoria, agregó
El
gobierno español ha dado marcha atrás en muchos de los progresos que en el ámbito
jurídico penal se lograron para proteger a los trabajadores extranjeros que
ingresan a ese país sin documentación para buscar mejores condiciones de vida
afirmó Susana Huerta Tocildo, catedrática de la Universidad de Burgos, durante
su participación en el simposio realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM en
homenaje a los 70 años de labor docente de Celestino Porte Petit.
El Partido Popular,
explicó la académica española, ha modificado paulatinamente los aspectos del
Código Penal que más beneficios significaban para los trabajadores inmigrantes
y uno de los aspectos más notorios de esta tendencia es que el auxilio a los
inmigrantes irregulares ya establecidos dentro de territorio español es
considerado como un delito; antes tan sólo constituía una infracción
administrativa.
Con ello se ve
perjudicada la labor de numerosas organizaciones no gubernamentales españolas
que buscaban ayudar a los trabajadores extranjeros, para que, junto con sus
familiares, tuvieran acceso a los servicios de salud y educación, de los cuales
quedaban excluidos por su situación migratoria.
El cinismo con que se
introdujeron estas reformas a la legislación penal española llegó al grado tal
de argumentarse que las mismas tenían como objeto la protección de estas
personas, explicó.
Acompañada por el
catedrático de la FD Eduardo López Betancourt y la académica de la Universidad
Complutense de Madrid, Ana Isabel Silva Nicolás, Huerta Tocildo sostuvo que
España deberá flexibilizar, tarde o temprano, su política de inmigración,
porque toda nación que goza de bienestar económico tiene la obligación de
compartir parte de su riqueza con quienes están menos favorecidos.
La catedrática de
derecho penal de la Universidad de Burgos consideró que la legislación penal
anterior a las reformas incorporadas por la actual administración del Partido
Popular tenían en mente, sobre todo, la protección de los trabajadores frente a
las mafias que los ayudan a ingresar a territorio español mediante el
compromiso de pagarles cuantiosas sumas, cuyo cobro garantizan estos
delincuentes a través de amenazas a las familias de los inmigrantes.
El incremento de la
migración ilegal a España –que paso de 200 mil personas al año a un millón 300
mil– ha agudizado los problemas de contratación ilegal, racismo y explotación
de la mano de obra extranjera. Sobre este particular, los tribunales se han
pronunciado en el sentido de que, no obstante su situación migratoria
irregular, los trabajadores extranjeros en ese país tienen los mismos derechos
que los españoles.
En su intervención,
Ana Isabel Silva Nicolás abordó el tema del tráfico ilícito de drogas, sobre el
cual manifestó que la pretensión de combatirlo mediante la represión con
seguridad llevará al fracaso.
El tráfico de drogas,
expuso, es un negocio cuyos beneficios ascienden a 400 mil millones de dólares
anuales, lo cual significa el doble de las utilidades que obtiene la industria
automotriz. La mitad de esas ganancias, aseveró, provienen de las maniobras
financieras con los recursos que se obtienen por la venta de estupefacientes.
Estos volúmenes de
dinero, dijo, posibilitan a las organizaciones dedicadas a esta actividad mayor
potencial y más recursos que aquéllos que tienen los gobiernos para hacerles
frente. Estas asociaciones delictivas permean los tejidos político y social y
cuentan con gran capacidad corruptora, mientras que los estados carecen de
mecanismos adecuados para asegurar la transparencia en aspectos tan importantes
como el financiamiento a los partidos políticos.
En otros casos, señaló
la académica, el combate al narcotráfico es utilizado como pretexto para
militarizar a la sociedad y ejercer control más efectivo sobre los grupos
políticos disidentes.
La tendencia actual
del combate al tráfico ilícito de drogas, cuyas pautas han sido elaboradas en
el ámbito del derecho internacional, pone énfasis en la adopción de medidas
preventivas para reducir los riesgos a la salud pública y, por otro lado, a
estrechar los mecanismos de colaboración entre autoridades de países distintos,
así como a armonizar los ordenamientos legales, concluyó.
- o0o -
Pies de foto
Ana Isabel Silva Nicolás, catedrática de la Universidad Complutense
de Madrid, acompañada por Eduardo López Betancourt, académico de la Facultad de
Derecho de la UNAM.
Susana Huerta Tocildo, catedrática de la Universidad de Burgos,
España, habló en la Facultad de Derecho de la UNAM sobre la situación de los
trabajadores migrantes en aquella nación.