IMPEDIMENTOS LEGALES OBSTACULIZAN LA INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: BOLÍVAR ZAPATA

· Mientras no se implemente, de manera formal, la Ley de Fomento de Investigación en Ciencia no ayudará al desarrollo del país,afirma

· La nueva reforma fiscal debe analizarse con cuidado para que no represente un retroceso: Roberto Ortega

Francisco Bolívar Zapata, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, aseguró que si bien la Ley para el fomento de investigación en ciencia y tecnología, promulgada en 1997, ha sido un esfuerzo importante para resolver algunos problemas en el sector, “mientras no se implemente de manera formal y completa no ayudará al desarrollo y el fomento de la ciencia y la tecnología en nuestro país”.

Al participar en la mesa Ley para el fomento de investigación científica y tecnológica, dentro del seminario internacional sobre Investigación y desarrollo en la reforma fiscal, el científico universitario señaló que una de las razones por las que no se invierten en este sector en México es porque la legislación no sólo no facilita la inversión, sino también contiene muchos vacíos jurídicos”.

Por ello, “es indispensable insistir en que las leyes se deben cumplir, el Estado de derecho debe ser implementado desde el gobierno, si no hay cumplimiento de las leyes no hay posibilidad de transformarnos en una nación avanzada, en la que sus miembros estén dispuestos a invertir más y mejor”, dijo.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el premio Príncipe de Asturias en investigación científica y tecnológica, advirtió que se debe exigir a los gobernantes que cumplan las leyes, en particular al Legislativo, que es quien elabora las leyes, a vigilar que éstas se lleven a cabo”.

Francisco Bolívar destacó que la Ley para el fomento de investigación se elaboró con el fin de resolver diversos problemas de coordinación, participación y presupuestación de los diferentes actores en el ámbito.

Reconoció que la norma presenta avances como el compromiso del Estado en fomentar ciencia y tecnología, para lo cual propone la creación del Programa especial de ciencia y tecnología, que busca una participación concertada entre los diferentes actores para definir un esfuerzo sexenal que ayude a organizar, coordinar y concertar mejor los esfuerzos en el área.

Otros avances de la ley son: la creación de un foro permanente de ciencia y tecnología; la figura de los centros públicos de investigación; la instalación de fondos y fideicomisos entre el Conacyt y otros actores, así como los incentivos fiscales para fomentar la investigación.

Sin embargo, explicó, la ley tiene limitaciones como no contemplar la participación de académicos en la creación de nuevas empresas, los centros públicos de investigación aún tienen una amplia carga administrativa, no considerar el desarrollo de parques tecnológicos en áreas estratégicas, ni establecer un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología.

Roberto Ortega Lomelín, del Grupo de Asesoría Empresarial, consideró que debe analizarse con cuidado la nueva reforma fiscal para que no represente un retroceso sino una oportunidad de que la inoperancia del estímulo fiscal que se logró a partir de 1998, se supere con la nueva ley.

En ese sentido, dijo que, al igual que en otros países, se debe estimular la inversión en este sector, y preferenciar en el trato a las pequeñas y medianas empresas, mediante un porcentaje adecuado de deducibilidad fiscal.

Señaló que la nueva ley busca superar problemas básicos como la ausencia de una visión integral de prioridades y gasto público, la ineficaz coordinación de la acción gubernamental en materia de ciencia y tecnología, y la falta de participación de las comunidades científicas, académicas y empresariales en el proceso de ciencia y tecnología de la definición de políticas, entre otras.

En su oportunidad, María del Carmen Díaz Amador, coordinadora del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía, reconoció que el principal valor de esta ley es que el tema de la investigación científica y tecnológica cobró presencia en las políticas públicas durante la LVII legislatura luego de varios lustros de estar ausente en la formulación de los espacios de política pública.

El otro valor de la ley es su carácter social, ya que es producto de una demanda propia del conjunto de la comunidad científica del país: darle un nuevo impulso a la investigación científica y tecnológica, integrándolas al proyecto de nación.

ALENTAR UNA CULTURA TECNOLÓGICA: CANACINTRA

Raúl Picard del Prado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) se pronunció por la promoción de una cultura tecnológica de alcances nacionales, a fin de aprovechar las capacidades de los centros de investigación.

Dentro de las sesiones de la tarde, Picard aseguró que el gobierno federal necesita reglamentar la figura jurídica de los centros de investigación y de los institutos de educación superior, porque ello facilitaría la vinculación entre la oferta tecnológica y los industriales.

Llamó a los empresarios a ser competitivos y a tomar “una medida” a la reconvención tecnológica. “Es fundamental impulsar el concepto de gestión del conocimiento para inducir el desarrollo tecnológico de aplicaciones”, subrayó.

Picard del Prado evidenció el retraso del país en desarrollo tecnológico: la inversión en ciencia y tecnología en Japón es de 970 dólares percápita, en Estados Unidos, de 843 y en México sólo de 10.

“Qué podemos decir cuando el porcentaje del PIB en investigación y desarrollo en Suecia es de 3.9%, en Estados Unidos del 2.6% y en México del 0.3%. El gasto percápita del sector privado en investigación y desarrollo en Suiza es de 808, en Japón de 699 y en México de 2.3 en gasto percápita”, comentó.

Demandó que los incentivos fiscales sean de al menos 50% del gasto anual de los departamentos técnicos del PIB y 30% del gasto anual en actividades de desarrollo tecnológico en las grandes empresas. Además, añadió, es necesario establecer incentivos fiscales directos a la deducción de toda la inversión en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos.

Lo que buscamos son incentivos y que se reconozca que la industria necesita modernizarse porque ahí es en donde están las altas concentraciones del empleo, puntualizó.

Insistió en que en estos momentos los industriales necesitan una reconversión tecnológica y apoyo por parte de Nafin, porque es una banca de desarrollo. “Necesitamos que los préstamos sean directos a tasas preferenciales. Simplemente necesitamos créditos a 10 años, para poder reconvertirlos”.

La competitividad es para el gobierno y para los empresarios. Tenemos infraestructura física, ciencia y la tecnología, sistemas de comercialización, proveedores y subcontratistas, así como instituciones educativas, marco jurídico, impuestos y tasas de interés. “Todo eso es competitividad”, concluyó.

--o0o--