Boletín
UNAM-DGCS-563
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Pies de foto al final del boletín
POLÍTICAS GENERALES DE ESTADO PERMITIRÁN NUEVOS
PERFILES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
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El director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, dijo que a ello
contribuirán nuevos instrumentos legales y estrategias culturales
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Se inauguró el "Seminario
Internacional sobre Investigación y Desarrollo en la Reforma Fiscal", en
el que participó el director del Instituto de Matemáticas, José Antonio de la
Peña Mena
No sólo a través de medidas de estímulo fiscal,
sino de políticas generales de Estado es como se alcanzará la necesaria e
importante transformación en la vida cultural del país y, por ende, se lograrán
nuevos perfiles científicos y tecnológicos que le permitirán avanzar al país,
aseguró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
UNAM, Diego Valadés Ríos.
Durante la inauguración del Seminario Internacional sobre Investigación
y Desarrollo en la Reforma Fiscal, presidido por el director del Instituto
de Matemáticas (IM), José Antonio de la Peña Mena, y los senadores Rodimiro
Amaya Téllez y Enrique Jackson, Valadés Ríos precisó que la construcción de
nuevos instrumentos jurídicos, la definición de estrategias culturales y los
horizontes científicos darán un destino próximo y posible.
En el auditorio Guillermo Floris Margadant del
IIJ, subrayó que los procesos de intercambio comercial que otros países han
aprovechado como detonantes para impulsar su desarrollo científico y
tecnológico "han sido pasados por alto en México y los hemos
desaprovechado".
Explicó que se tiene el sistema más abierto
desde el punto de vista comercial, pero en ninguno "hemos tenido, por
omisión o por descuido, el cuidado de introducir cláusulas que permitan la
cooperación e investigación científica y tecnológica".
A pesar de que es prioritario el impulso al
desarrollo científico y tecnológico, lamentó el funcionario universitario,
"no hemos dado un sólo paso eficaz que, por lo menos, permita que los
países de nuestro hemisferio puedan complementar sucesivos recursos en este
aspecto de la investigación científica y tecnológica para promover formas de
cooperación necesarias".
La participación -desde hace 30 años- del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es importante para la
formación de recursos en el ámbito de la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, México carece de
una política científica de Estado, lo que lo mantiene rezagado en relación con
otras naciones.
Ejemplificó con datos publicados por el Banco
Mundial en 1999: mientras México tenía 95 científicos e ingenieros dedicados a
la investigación por cada millón de habitantes, Argentina tenía 350; Bolivia,
250; Brasil, 165; Chile, 364; Costa Rica 539; Guatemala 99; Nicaragua 214, Perú
273, Venezuela 208. Sólo están por debajo del nivel nacional El Salvador, con
19 y Colombia con 39.
En contraste, Japón tiene una concentración de
cinco mil 677 científicos; Israel, cuatro mil 826, y Estados Unidos, tres mil
732.
En cuanto a los porcentajes destinados a la
investigación, traducidos al Producto Interno Bruto (PIB) de México,
representan un equivalente al 4% en Canadá, 7 en Alemania y 50% de Estados
Unidos.
Por su parte, el director del Instituto de
Matemáticas (IM), José Antonio de la Peña Mena, afirmó que en una nación como
México, donde la inversión privada en ciencia y tecnología es mínima, reformas
fiscales son urgentes, así como el aumento presupuestal a este rubro.
Todos los años, argumentó, la reforma fiscal
tiene el propósito de cumplir ciertas metas, las cuales son sensatas, pero de
poco alcance e inmediatistas. Sin embargo, la actual debería ser especial, con
un impulso a las políticas del nuevo gobierno y miras de largo alcance que
ayude a la verdadera transformación de fondo del país.
Consideró que hay muchos mecanismos fiscales
que pueden apoyar la investigación y el desarrollo de los países: dedicar
cierto porcentaje -por lo general el 1%- de los impuestos sobre las ganancias
de sectores gubernamentales al gasto en ciencia y tecnología; crear mecanismos
de exención fiscal para el dinero que las empresas invierten en esta actividad
y, otorgar fondos complementarios a la iniciativa privada en proyectos
conjuntos con universidades.
El presidente de la Comisión de Ciencias y
Tecnología del Senado de la República, Rodimiro Amaya Téllez, manifestó la
necesidad de que se destinen mayores inversiones en estas disciplinas. De lo
contrario, el país corre el riesgo de quedar al margen del desarrollo nacional
y de perder independencia y soberanía.
Dijo que no se puede mantener la dinámica
actual en la que el Estado es casi el único motor de este rubro, con lo que se
relega la participación de la iniciativa privada. Por ello, expresó que es
urgente promover inversiones no sólo en los centros de investigación y
universidades sino en las propias empresas.
El legislador dijo que menos del 2% del crédito
fiscal de 500 millones de pesos anuales para 1999 y 2000 fue ejercido por unas
cuantas empresas, mientras que este año todavía no se aplica este recurso. Por
eso, dijo es necesario modificar la relación de participación actual para que
el sector privado tenga mayor participación.
Luego, en la primer mesa de trabajo, en la que
también participó el economista Mario Rodarte Esquivel, el presidente de la mesa
Directiva del Senador de la República, Enrique Jackson, comentó que a pesar de
que en materia de ciencia y tecnología el país está rezagado, no es un factor
deliberado.
Los que sucede es que los recursos de por sí
son insuficientes hasta para cubrir necesidades indispensables como la salud y
la educación. Se trata, agregó, de lograr una reforma fiscal que permita
satisfacer todas las necesidades y lograr una recaudación tributaria
equilibrada.
Planteó que para lograr mayores recursos
que se canalicen en la investigación científica y tecnológica, se requiere
aprovechar la riqueza natural al máximo, ser productivos, fortalecer las
instituciones, lograr una nueva composición de los poderes y llevar a cabo una
reforma fiscal acorde a las necesidades actuales.
El coordinador del Foro Permanente de Ciencias
y Tecnología, Antonio Peña Díaz, recalcó que la investigación debe verse como
una forma de la cultura que contribuya a la educación, porque éste es el
principal problema en México a nivel nacional.
El investigador emérito destacó que de acuerdo
con el Sistema Nacional de Investigadores, sólo hay 7 mil 252, es decir 0.7 por
cada 10 mil habitantes.
Advirtió que en México no se aplica la norma
jurídica, lo cual tiene un fuerte impacto en el desarrollo de la ciencia. Dijo
que no se tienen las instancias adecuadas que permitan al investigador y al
país disfrutar de la propiedad intelectual, pues a pesar de que la legislación
mexicana es una de las más avanzadas, no se ejecuta correctamente.
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Pies de foto
Diego Valadés, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que sólo con políticas generales de
Estado se lograrán nuevos perfiles científicos y tecnológicos.
Francisco Bolívar
Zapata, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y el director
del Instituto de Matemáticas, José Antonio de la Peña, participaron en el
Seminario Internacional sobre Investigación y Desarrollo en la Reforma Fiscal.