Boletín UNAM-DGCS-534
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LA GLOBALIZACIÓN PRETENDE TRANSFORMAR A LOS CIUDADANOS EN CONSUMIDORES
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El incremento de las capacidades productivas no se refleja en la mayoría
de los pueblos: María Eugenia Correa
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Los 200 mayores conglomerados del mundo, con ventas equivalentes al 27%
del producto mundial; sólo emplean al 0.7% de la fuerza laboral
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Políticas como la creación de mercados
libres obligan a las mujeres
a aceptar un empleo precario: Teresa Healy
La globalización
pretende transformar a los ciudadanos en consumidores, a quienes en un mercado
libre sólo les importa adquirir satisfactores al mejor precio. Al mismo tiempo,
la propia dinámica económica les impide convertirse en esos compradores porque las formas de
producción, centralizadas y regidas por los criterios de rentabilidad, emplean
a una reducida fuerza laboral.
Así lo aseguró la profesora
del Posgrado de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, María Eugenia Correa
La incorporación de la
mano de obra mundial tiene un crecimiento lento. Según un estudio realizado en
Estados Unidos, las ventas de los 200 mayores conglomerados del orbe
representan el 27% del producto mundial, aproximadamente, pero no requieren más
del 0.7% de esta fuerza.
En los últimos 15
años, esos mismos consorcios incrementaron sus ventas en más del 300 %, así
como la rentabilidad. Sin embargo, la fuerza de trabajo que emplean sólo creció
el 14 %.
Ello muestra que el
siglo XX cerró con un pequeño sector de la fuerza laboral mundial capaz de
producir una masa enorme de satisfactores de todo tipo, aunque por la forma en
que está organizada la producción, la conglomeración y el sentido de ganancia y
rentabilidad, sólo es posible que alcance a un reducido sector de la población.
Ante éste, uno de los
problemas cruciales del desenvolvimiento económico de cuando menos los últimos
30 años, “se impone avanzar hacia lo que se denomina ‘empleador de última
instancia’ o programa de pleno empleo, para frenar el crecimiento de la
pobreza”, añadió.
Luego de aclarar que
el problema del desempleo y la concentración de las capacidades productivas en
pequeños sectores también se presenta en los países desarrollados, dijo que es
necesario recuperar, en el caso de México, la "ética del trabajo".
Se trata del principio
que permite allegarse los bienes y satisfactores necesarios para la
reproducción de las familias, del individuo y de la sociedad, como fuente
legítima de elevación del bienestar y de la inserción de los sujetos en su
contexto social.
Podría ser un programa
que contribuya a eliminar las condiciones precarias del trabajo, tanto de la
población femenina, altamente vulnerable, como de la masculina.
Por ello, la investigadora
y un grupo de colegas proponen un programa de pleno empleo para las mujeres,
porque “puede contribuir en la tarea de rescate de los valores humanos y de
género y empezar a tratar de recrear el marco institucional democrático al que
aspiraría nuestra sociedad”.
Como parte de ese
proyecto, se crearía un “piso ocupacional y salarial”, de modo que en un
proceso de rearticulación de esa estructura a escala nacional, las
contrataciones, individuales o colectivas, no podrían estar por debajo de ese nivel.
Recordó que en el
sector femenino se presentan los mayores índices de pobreza extrema. En México
existen alrededor de 50 millones de mujeres, de las cuales 16 millones son
menores de 14 años y alrededor de 2.4 millones son mayores de 65 años.
De la población
femenil económicamente activa, constituida por cerca de 14 millones (incluidas
mujeres de 12 años y más), casi tres millones son trabajadoras por su cuenta,
principalmente en el comercio y los servicios; menos de ocho millones
asalariadas, cerca de un millón trabajadoras a destajo.
Más de cinco millones
de mujeres trabajan sin local y alrededor de tres millones en sus propios
domicilios; 3.5 millones ganan menos de un salario mínimo, casi cuatro millones
entre uno y dos minisalarios, y apenas 100 mil ganan más de 10 salarios
mínimos. Cerca de dos millones no reciben un ingreso por su trabajo y casi 7
millones tampoco tienen un sueldo fijo.
De las casi ocho
millones de asalariadas, tres millones sólo tienen un contrato verbal y más de
seis millones trabajan una jornada laboral superior a las 40 horas. De ahí la
importancia de instrumentar para ellas un programa de pleno empleo, concluyó.
Por su parte, Teresa Healy, investigadora de la Universidad de Ontario,
Canadá, al hablar sobre la movilización de grupos de mujeres en ese país
durante el año pasado, manifestó que la creación de los mercados
libres, la reducción en el tamaño del gobierno, la privatización de las
instituciones públicas y de los sistemas de salud, la desregulación del trabajo
y la supresión de las reglas para la protección del medio ambiente, son
políticas impuestas por el nuevo orden mundial que en ningún caso las
benefician.
Por el contrario, “las
obligan a aceptar un empleo precario, diminuyen sus salarios, erosionaron su seguridad
y salud ocupacional, incrementan el número de pobres y las condenan a más
trabajo no remunerado”.
Las mujeres
indígenas, negras, discapacitadas, son afectadas de manera desproporcionada por
estas políticas, dado que la discriminación directa y sistemática exacerba la
desigualdad que todas enfrentan y es por eso que reclaman un espacio público
para ellas mismas, hecho que se contrapone con quienes pugnan por la
globalización, finalizó.
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