SE REPITEN EN MÉXICO LAS EXPERIENCIAS DEL PORFIRIATO: HORACIO LABASTIDA

· El investigador universitario aseguró que las empresas trasnacionales han recuperado su hegemonía en la vida política y económica del país

· México está sumergido en la lógica de un capitalismo internacional que contradice los postulados de la Constitución

· La voluntad popular expresada en las últimas elecciones presidenciales exige un nuevo pacto político y social afirmó Adalberto Saldaña Harlow, magistrado del TCADF

La situación que ha vivido México en los últimos años es una repetición de lo ocurrido hacia fines de la dictadura de Porfirio Díaz, época en la cual las empresas trasnacionales ejercían, al igual que en la actualidad, enorme influencia en el rumbo de la política del país aseguró Horacio Labastida Muñoz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Las grandes empresas, agregó el investigador universitario, recuperaron su hegemonía en el curso de las políticas públicas y han logrado poner el capital del Estado mexicano a su servicio.

Al participar en la mesa redonda “Nueva constitución ¿sí o no?” en el auditorio de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Labastida Muñoz explicó que en nuestro país, al igual que en otras naciones del mundo, cuando surge el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución es porque existe tensión social, que es preciso resolver por las vías institucionales.

Acompañado por Raúl Avila Ortiz, coordinador de Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y catedrático del posgrado de la FD, y Adalberto Saldaña Harlow, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Labastida Muñoz afirmó que en estos momentos México está sumergido en la lógica de un capitalismo internacional invasor del planeta, que contradice los postulados sobre garantías sociales establecidos en nuestra Ley Fundamental.

Las últimas reformas al texto constitucional apuntan en ese sentido, indicó, y en la actualidad nuestra Carta Magna ha cedido su lugar a la tendencia globalizadora que la anula.

Es en este marco en el cual se acentúan las contradicciones de clase. Hoy se plantea la posibilidad de adoptar una nueva Constitución y se discute si ésta debe renunciar al nacionalismo para entregar el país al capitalismo metropolitano, precisó.

Horacio Labastida Muñoz sostuvo que en realidad no se puede renunciar al nacionalismo, pero tampoco se puede negar el impulso de ese capitalismo.

México necesita recobrar sus propias energías económicas y hacer valer su derecho a la autodeterminación. Hablar de una nueva Constitución, concluyó, requiere convocar a toda la sociedad, ya que al margen del pueblo no pueden haber reformas a la Ley Fundamental vigente ni adopción de una nueva Carta Magna.

En su intervención, Adalberto Saldaña Harlow manifestó que la Constitución debe modificarse ya que se trata de la formalización jurídica del pacto político y social de los mexicanos; se trata, sintetizó, de la definición del modelo de vida que debe darse la sociedad.

El magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal expuso que en nuestro país existe una Constitución formal y otra informal y lo único que ha hecho el nuevo ejecutivo Federal es cambiar el contenido de esta última.

Antes se trataba de la tutela de los intereses de las clases populares, comentó, y en la actualidad, en la misma línea de los últimos gobiernos priístas, la tutela se otorga a los intereses de los grupos del capital monopólico.

Nuestra Constitución, apuntó Saldaña Harlow, no es obsoleta ni lejana a la realidad, su problema radica en la falta de cumplimiento. Al asumir su mandato presidencial, Vicente Fox recibió la exigencia social de modificar el modelo político, lo cual implica convocar a un nuevo congreso constituyente.

El cambio del proyecto nacional, continuó, así como de esquema político y social es imprescindible y a ello debe agregarse el cumplimiento de la ley, que involucra la efectiva rendición de cuentas a la sociedad y otorgarle a ésta los medios de apremio para exigirle a sus gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones.

El cambio de la Constitución, puntualizó Saldaña Harlow, es una demanda de la democracia para la redefinición de los objetivos sociales y de los medios para alcanzarlos.

Por su parte, Raúl Avila Ortiz sostuvo que en la esfera pública existen cada vez más elementos que exigen la modificación del texto constitucional mexicano.

Citó como ejemplo la iniciativa en materia de derechos y cultura indígena recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. En este proceso, dijo el funcionario del TEPJF, el resultado de un acuerdo entre actores políticos finalmente fue modificado por el Poder Legislativo, lo cual indica que hay problemas en la mecánica legislativa.

En otras naciones, agregó, los actores políticos están facultados para intervenir en los acuerdos y las reformas institucionales que los afectan, como las modificaciones a las normas constitucionales.

México, finalizó, requiere perfeccionar y consolidar el régimen democrático. Si un nuevo congreso constituyente logra alcanzar los consensos necesarios y posibilita hacer de México un país más seguro de sí mismo en el contexto de la globalidad, sería oportuno convocarlo.

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Adalberto Saldaña Harlow, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, durante su intervención en la mesa redonda sobre la posibilidad de elaborar una nueva Constitución.

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El investigador de la UNAM Horacio Labastida aseguró que en México se repiten las circunstancias que predominaron hacia el fin de la dictadura porfirista.

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Invitados por la Facultad de Derecho de la UNAM, juristas coincidieron en que para adoptar en México una nueva Constitución es preciso contar con el más amplio consenso.