13:00 hrs. mayo 21 del 2001


Boletín UNAM-DGCS-509

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MÉXICO NO TIENE CULTURA JURÍDICA,  SEÑALAN INVESTIGADORES DE LA FCPyS

 

·        No existe infraestructura jurídica para aplicar la ley, aseguran Angélica Cuéllar Vázquez y Arturo Chávez López

·        Los jueces, sujetos a presiones por diversas autoridades, comentaron

 

México se ha desarrollado sin una cultura jurídica, tanto en los tres Poderes de la Unión como en la ciudadanía, “hasta la década de los ochenta vivimos en una visión arbitraria de la Ley” coincidieron en señalar los investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Angélica Cuéllar Vázquez y Arturo Chávez López

 

Al hablar de su proyecto La construcción social de las decisiones judiciales, Cuéllar Vázquez, secretaria general de la FCPyS, señaló la carencia de una infraestructura jurídica para aplicar la ley, toda vez que los sistemas penitenciarios están abarrotados de gente pobre y ministerios públicos precarios.

 

Cuéllar Vázquez agregó que no hay una cultura de seguimiento, pruebas o indagación para perseguir un delito porque “todo se arreglaba de otra manera”.

 

El académico Chávez López abundó: tampoco la ciudadanía cuenta con esa cultura jurídica pues sabe que puede arreglarse por otras vías, y si tiene recursos de tipo económicos, o puede amenazar o chantajear, su cálculo no es basado en la ley sino a través de otros canales. Esto implica un poder de los órganos sociales que incide en las decisiones judiciales.

Entonces, al no poseer una cultura jurídica, los cálculos de los actores se mueven en luchas de interés y de poder que representan un problema social que los abogados no ven, comentó,

 

La ley en México –coincidieron ambos investigadores– tiene como factor fundamental la variable económica. Lo dicen las estadísticas: es la clase marginada la que está en las cárceles; los delincuentes de cuello blanco, los narcotraficantes y los defraudadores están libres, pues pueden pagar una barra de abogados.

 

Angélica Cuéllar apuntó que en términos generales los jueces se ven sujetos a una serie de presiones, “la propia forma en que se estructuró el Poder Judicial configuró una manera de ser juez”, y recordó que en una investigación –con entrevistas a varios de ellos– todos declararon haber sido presionados por alguna autoridad en diversos asuntos delicados.

 

La gravedad de lo anterior radica en que la autoridad política se siente con el poder de interferir en los procesos para presionar a los jueces, dijo y agregó: En el país existe un discurso histórico de la ley que cubre un horizonte jurídico pero “en la práctica nos damos cuenta que  la ciudadanía está muy alejada de conocer y mucho menos de utilizarla para ejercer sus derechos”.

 

La investigadora destacó además que en la España franquista había concursos de oposición para acceder al Poder Judicial y en México los hubo hasta la reforma de 1994, pero en 1999 una contrareforma le quitó este poder al Consejo de la Judicatura.

 

Mientras no aspiremos a tener jueces más independientes, libres en sus tomas de decisiones, que denuncien presiones de cualquier poder, estaremos condenados a que primero –en los medios sobre todo– se dé a conocer un caso, luego desaparezca; las pruebas se escondan y no se llegue nunca al fondo de la investigación.

 

Finalmente, Chávez López destacó que la tradición racista existente en el país repercute en los abogados y en los jueces, sin embargo, en la actualidad el Poder Judicial ya se toma a sí mismo más en serio y hay transformaciones importantes.

 

Es por eso, agregó, que el proyecto está encauzado a entender cómo se aplica la ley a los ciudadanos, cómo afecta una decisión judicial influenciada por valores morales, racismo, posición económica o política; una serie de variedades que el juez explícita o implícitamente contiene y que derivan en la sentencia.

 

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Bol. 509

 

 

Se carece de una cultura de seguimiento, pruebas o indagación para perseguir el delito afirmó Angélica Cuéllar Vázquez, de la FCPyS