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MÉXICO NO TIENE CULTURA JURÍDICA, SEÑALAN INVESTIGADORES DE LA FCPyS
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No existe infraestructura
jurídica para aplicar la ley, aseguran Angélica Cuéllar Vázquez y Arturo Chávez
López
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Los jueces, sujetos a presiones
por diversas autoridades, comentaron
México se ha desarrollado sin una cultura
jurídica, tanto en los tres Poderes de la Unión como en la ciudadanía, “hasta la
década de los ochenta vivimos en una visión arbitraria de la Ley” coincidieron
en señalar los investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS) Angélica Cuéllar Vázquez y Arturo Chávez López
Al hablar de su proyecto La construcción social de las decisiones judiciales, Cuéllar
Vázquez, secretaria general de la FCPyS, señaló la carencia de una
infraestructura jurídica para aplicar la ley, toda vez que los sistemas
penitenciarios están abarrotados de gente pobre y ministerios públicos
precarios.
Cuéllar Vázquez agregó que no hay una
cultura de seguimiento, pruebas o indagación para perseguir un delito porque
“todo se arreglaba de otra manera”.
El académico Chávez López abundó: tampoco la
ciudadanía cuenta con esa cultura jurídica pues sabe que puede arreglarse por
otras vías, y si tiene recursos de tipo económicos, o puede amenazar o
chantajear, su cálculo no es basado en la ley sino a través de otros canales.
Esto implica un poder de los órganos sociales que incide en las decisiones judiciales.
Entonces, al no poseer una cultura jurídica,
los cálculos de los actores se mueven en luchas de interés y de poder que
representan un problema social que los abogados no ven, comentó,
La ley en México –coincidieron ambos
investigadores– tiene como factor fundamental la variable económica. Lo dicen
las estadísticas: es la clase marginada la que está en las cárceles; los
delincuentes de cuello blanco, los narcotraficantes y los defraudadores están
libres, pues pueden pagar una barra de abogados.
Angélica Cuéllar apuntó que en términos
generales los jueces se ven sujetos a una serie de presiones, “la propia forma
en que se estructuró el Poder Judicial configuró una manera de ser juez”, y
recordó que en una investigación –con entrevistas a varios de ellos– todos
declararon haber sido presionados por alguna autoridad en diversos asuntos
delicados.
La gravedad de lo anterior radica en que la
autoridad política se siente con el poder de interferir en los procesos para
presionar a los jueces, dijo y agregó: En el país existe un discurso histórico
de la ley que cubre un horizonte jurídico pero “en la práctica nos damos cuenta
que la ciudadanía está muy alejada de
conocer y mucho menos de utilizarla para ejercer sus derechos”.
La investigadora destacó además que en la
España franquista había concursos de oposición para acceder al Poder Judicial y
en México los hubo hasta la reforma de 1994, pero en 1999 una contrareforma le
quitó este poder al Consejo de la Judicatura.
Mientras no aspiremos a tener jueces más
independientes, libres en sus tomas de decisiones, que denuncien presiones de
cualquier poder, estaremos condenados a que primero –en los medios sobre todo–
se dé a conocer un caso, luego desaparezca; las pruebas se escondan y no se
llegue nunca al fondo de la investigación.
Finalmente, Chávez López destacó que la
tradición racista existente en el país repercute en los abogados y en los
jueces, sin embargo, en la actualidad el Poder Judicial ya se toma a sí mismo
más en serio y hay transformaciones importantes.
Es por eso, agregó, que el proyecto está
encauzado a entender cómo se aplica la ley a los ciudadanos, cómo afecta una
decisión judicial influenciada por valores morales, racismo, posición económica
o política; una serie de variedades que el juez explícita o implícitamente
contiene y que derivan en la sentencia.
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Se carece de una cultura de seguimiento, pruebas
o indagación para perseguir el delito afirmó Angélica Cuéllar Vázquez, de la
FCPyS