Boletín UNAM-DGCS-460
*Pies de Fotografías al final del Boletin
REGLAMENTAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PROVOCARÍA VIOLACIONES A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ADVIERTE BURGOA
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El profesor emérito de la UNAM,
Ignacio Burgoa, dijo que esta medida sería en detrimento de los medios de
comunicación
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El senador Javier Corral y los
diputados locales de Guanajuato, Miguel Montes
y Martín Ortiz, por la reglamentación
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Se clausuró el ciclo de conferencias
"Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la
información gubernamental"
No debe reglamentarse el derecho a la
información porque se puede incurrir en graves violaciones y atentados a la
libertad de expresión del pensamiento, sobre todo en detrimento de los medios
de comunicación social radio, televisión y prensa, aseguró el profesor emérito
de la UNAM, Ignacio Burgoa Orihuela.
Precisó que una reglamentación de este tipo
sería como establecer la arbitrariedad y la dictadura del pensamiento por parte
del Estado, pues hay organismos que obligan a la prensa a publicar datos y
comentar determinadas situaciones en aras o con el pretexto de beneficiar al
bien común o a la colectividad.
Al participar en la última sesión del ciclo de
conferencias "Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a
la información gubernamental", organizado por la Facultad de Derecho de la
UNAM, el constitucionalista resaltó que el derecho a la libertad de expresión
del pensamiento “es intocable y sagrado”.
La sanción en que incurre la autoridad es la
violación a los artículos sexto y séptimo constitucionales con una supuesta
"y, para mí no querida" ley reglamentaria del derecho a la
información, porque se corre el riesgo de afectarlo y vulnerarlo.
En el aula magna "Jacinto Pallares",
Burgoa Orihuela aclaró que nadie tiene ninguna potestad o capacidad para marcar
pautas, señalar líneas o determinar senderos por los cuales pueda transcurrir
toda la información por parte de los medios de comunicación a todas las
personas que lo certifiquen, principalmente porque la verdad no es universal.
Y recalcó que una ley local reglamentaria al
derecho a la información provocará controversias constitucionales o de acciones
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
LA ACTUAL LEGISLACIÓN, DISPERSA: JAVIER CORRAL
En la mesa de trabajo "La visión legislativa del derecho a la información", el senador del Partido Acción Nacional, Javier Corral criticó a la actual legislación que regula la relación entre el Estado, los medios de comunicación y la sociedad.
Expuso que se trata de una legislación
dispersa, en muchos casos obsoleta, desfasada de la realidad a la que pretende
normar y, "lo más grave": que la obligación esencial del Estado de
garantizar el derecho a la información no está reglamentada.
Con 23 años de la reforma constitucional que
adicionó al artículo sexto la obligación para el Estado de garantizar el
derecho a la información, comentó, su reglamentación es casi imposible y
cualquier intento legislativo sobre la materia "desata la furia de no
pocos" contra las iniciativas a las que se les califica de mordaza y sus
contenidos son censurados.
Para una regulación, recalcó, es necesario
reunir condiciones que permitan garantizar su aplicación: inclusión, claridad,
precisión, transparencia y aplicación.
Por su parte, los diputados locales de
Guanajuato, Miguel Montes y Martín Ortiz, también se manifestaron en favor de
una ley reglamentaria al derecho a la información y explicaron la iniciativa
que el Partido Revolucionario Institucional presentó al Congreso local para su
posible aprobación y aplicación en la entidad.
En términos generales, Miguel Montes dijo que
cuando una norma es adecuada su contenido adquiere vida propia y cambios
sociales que la hacen anacrónica.
Aclaró que la propuesta priísta a nivel local
no es ni aspira a ser ley reglamentaria al derecho a la información consagrado
en el artículo sexto constitucional.
El diputado Martín Ortiz detalló el contenido
de la iniciativa -que consta de cinco capítulos- e hizo hincapié en la
necesidad de crear una Procuraduría de la Información, la cual sería autónoma y
sus resoluciones obligatorias.
El Congreso, abundó, nombrará al titular de esa
dependencia, para periodos de siete años. Cuando la autoridad no cumpla con el
mandato de esta procuraduría y no proporcione la información al solicitante
será sancionada.
Al clausurar el evento, su coordinador, Jorge
Islas, informó que de los 18 panelistas participantes 16 se pronunciaron por
una ley de acceso a la información pública.
Con la participación de académicos,
funcionarios, diputados, senadores y periodistas, agregó, la Facultad de
Derecho logró dar un paso adelante en las mesas de discusión sobre el tema.
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El diputado local de
Guanajuato, Miguel Montes, en primer plano ,participó en la conferencia
"La visión legislativa del derecho a la información", organizada por
la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo acompaña el profesor emérito de la UNAM,
Ignacio Burgoa 0rihuela
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El profesor emérito de la
UNAM, Ignacio Burgoa, se manifestó en contra de la reglamentación al derecho a
la información
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El senador panista Javier
Corral se manifestó a favor de una regulación en lña Ley Sobre el derecho a la
Información