16:00 hrs. Mayo 2 del 2001


Boletín UNAM-DGCS-439

 

 

 

DURÁN REVELES, A FAVOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

·        Fortalecería el Estado de Derecho, señaló el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación

·        Participó en el Ciclo de Conferencias Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental

·        Organizó el acto la Facultad de Derecho de la UNAM

 

De ser aprobada, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fomentaría la confianza del ciudadano en las instituciones públicas y limitaría la discrecionalidad en la actuación de los servidores gubernamentales; en suma, fortalecería el Estado de Derecho señaló José Luis Durán Reveles, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.

 

Al participar hoy en el Ciclo de Conferencias Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental, organizado por la Facultad de Derecho (FD), agregó que esta ley, si es producto del consenso entre ciudadanos, académicos y comunicadores, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, generaría cambios importantes, cuantitativos y cualitativos, en la relación gobierno-sociedad.

 

Explicó el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación que de contar con un instrumento jurídico donde se establezca que la apertura a la información pública sea la regla y los asuntos reservados o clasificados, una excepción, lo anterior permitirá obtener juicios objetivos, críticos e independientes sobre la operación misma del gobierno.

 

En el Auditorio Eduardo García Maynez de la FD, Durán Reveles indicó que “las descalificaciones a priori o las posiciones reduccionistas no son el mejor camino para consolidar esta aspiración”, y es sólo a través de la suma de voluntades y la búsqueda de acuerdos “como hoy se construye la nueva gobernabilidad democrática”.

 

Agregó que los servidores públicos “entendemos y tenemos muy claro” que para gobernar bien hay que escuchar, informar y rendir cuentas: “Estamos a favor de un ejercicio público congruente entre lo que se dice y se realiza”, puntualizó.

 

Precisó que no se trata, por supuesto, de tropicalizar lo que en otras latitudes se viene realizado, sino de poner en práctica el axioma: a mayor transparencia, menor corrupción, el cual no requiere demostración.

 

PONER AL GOBIERNO EN UNA CAJA DE CRISTAL PARA VIGILARLO: ARCE

 

A su vez, Carlos Francisco Arce Macías, director general de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias de la Secretaría de Economía, destacó que si México desea tener un mejor gobierno, es necesario tener acceso a la información pública, “porque si los ciudadanos no conocen la forma como trabajan las instancias públicas no se puedan adjudicar responsabilidades”.

 

La idea, aseveró, es “poner al gobierno en una caja de cristal, una vitrina donde podamos cercioramos de qué cosas está haciendo, cómo las está haciendo y quién las está haciendo, a fin de que haya una rendición de cuentas real”.

 

Este proyecto de ley, agregó Arce, se diseña con base en el estándar básico de análisis costo-beneficio, y tomando en cuenta tres puntos principales: la experiencia internacional, el marco jurídico mexicano y las demandas de nuestra sociedad en lo referente a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

 

En su turno, Raúl Cabrera Pliego, asesor de Eduardo Romero Ramos, subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, explicó que esta dependencia participa en este proyecto pues entre sus objetivos se encuentra abatir la corrupción y detectar si las dependencias gubernamentales ejercen el presupuesto que se les destinó tal y como quedó comprometido.

 

Sobre la información que el gobierno ha manejado a la ciudadanía como “confidencial y en calidad de secreto de Estado”, destacó el procedimiento de adjudicación de las concesiones, los salarios de los servidores públicos, la distribución de los recursos de programas gubernamentales y sus beneficiarios, los contratos de adquisiciones y de servicios, así como los de obras públicas suscritos por las dependencias y entidades.

 

Asistieron a esta conferencia Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho, y Jorge Islas, director del Seminario de Sociología de esta misma dependencia universitaria.

 

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