Boletín UNAM-DGCS-417
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INSUFIENTE LA DEMOCRACIA PARA ABATIR LA CORRUPCIÓN: REYES HEROLES
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Se requiere la activa participación y vigilancia ciudadana para combatir
este fenómeno, aseguró
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La corrupción limita las posibilidades de alcanzar el desarrollo, agregó
el politólogo
La
democratización y modernización de las instituciones es condición necesaria
pero no suficiente para abatir la corrupción afirmó el politólogo y catedrático
universitario Federico Reyes Heroles, quien agregó que se precisa la
disposición de la población para oponerse a ella.
Al
participar en el ciclo de conferencias “Nuestro derecho a saber de las cosas
públicas y el acceso a la información gubernamental”, organizado por la
Facultad de Derecho de la UNAM, Reyes Heroles explicó que mientras no se
modifiquen las actitudes de la sociedad hacia esta práctica deshonesta, no
bastarán las normas para sancionarlo.
En el caso de México,
indicó, el 25 por ciento de la población cree que las actitudes inmorales son
normales, mientras que el 64 por ciento no considera la corrupción como un mal
grave y 33 por ciento manifiesta que no es tan malo violar una ley, pero sí ser
descubierto al hacerlo. Como contraparte, el 59 por ciento culpa de la
corrupción al sistema.
El académico aseguró
que para el combate efectivo a las prácticas corruptas se requiere incrementar
la presión social, lo cual se puede realizar con el estímulo de contribuir a
mejorar los servicios públicos.
Esta acción, indicó,
requiere libertades políticas entre las cuales se ubica, como pieza clave, el
acceso a la información, herramienta necesaria para incrementar la vigilancia y
la denuncia sociales.
Se trata, dijo, de que
todas las personas se involucren en la vigilancia de la actuación de sus
autoridades y exijan conocer la forma en que se gastan los recursos públicos.
Al hablar ante el director de la FD, Fernando Serrano Migallón; el
director del seminario de Sociología de esa dependencia universitaria, Jorge
Islas López, y el periodista Juan Pardinas, Reyes Heroles sostuvo
que el nivel de desarrollo de un país se asocia a sus índices de corrupción.
El también miembro de
la organización no gubernamental “Transparencia Internacional” explicó que de
acuerdo con informes de ese organismo, los países menos corruptos son los que
alcanzan mejor desempeño económico.
Esto no significa,
precisó, que gracias al desarrollo se pueda abatir la corrupción, porque el
mecanismo en realidad funciona a la inversa: abatirla permite a una nación
mejorar su situación.
En su intervención,
Jorge Islas López expuso que el derecho a la información está mal concebido
desde sus orígenes, ya que sólo se incorporó como prerrogativa de los partidos
políticos para dar a conocer sus ideologías y propuestas, y no como un derecho
fundamental de los gobernados.
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación en un principio interpretó que hasta no contar con una
ley secundaria para reglamentar el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información, éste no podía ser exigido por la vía judicial.
Este criterio se
modificó, agregó, a raíz de la masacre de Aguas Blancas y el escándalo del
Fobaproa. En el primer caso se resolvió que la información pública no podía
utilizarse como prerrogativa política, mientras en el segundo se argumentó que
el carácter público de los recursos utilizados obliga a revelar la información
sobre su destino.
En nuestro país,
comentó el académico universitario, después de 20 años de discusión,
finalmente, se lograron los consensos sobre la necesidad de contar con una ley
ordinaria que regule el acceso del público a la información gubernamental.
Ese instrumento
jurídico deberá establecer sanciones severas a los funcionarios que oculten
información al público y los procedimientos administrativos para que los ciudadanos
exijan el cumplimiento de esa obligación.
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