Boletín UNAM-DGCS-410
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INFORMACION CLARA, BASE PARA ACTUAR EN LA TRANSICIÓN: FERNANDO
SERRANO
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La libertad de expresión que vive
México es uno de los ejes de la transición, afirmó Fernando Ojesto Martínez,
presidente del Trife
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El debate en México sobre el derecho
a la información es poco riguroso y ha generado confusión: Sergio López Ayllón
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Se inauguró el ciclo de conferencias
Nuestro derecho a saber y el acceso a la información gubernamental
La mejor forma de actuar de manera viva,
vigente y trascendente en la etapa de transición que vive nuestro país es
contar con la información clara de lo que sucede en nuestra sociedad aseguró
Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
En la inauguración del ciclo de conferencias Nuestro derecho a saber de las cosas
públicas y el acceso a la información gubernamental, que se realiza en la
FD, reconoció que la sustitución de los gobernantes por medio de la voluntad
del voto, aunque esencial no es el único elemento de la democracia.
La Constitución Mexicana, agregó, lo dice en el artículo tercero: la
democracia no es sólo un sistema político sino una forma de vida. Por ello,
apuntó, "la democracia no se agota al ejercer el derecho que tenemos de
votar y de poder ser electos, sino que ésta va más allá, es la posibilidad de
analizar, juzgar, participar y opinar en los grandes y graves asuntos del
Estado".
En ese sentido, el director de la FD sostuvo
que la mejor forma de participar en los asuntos del Estado es la de conocer qué
es lo que pasa, cómo está sucediendo y cómo podemos modificar ese devenir de
los hechos públicos".
Al respecto, Fernando Ojesto Martínez,
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, opinó que la libertad de expresión que vive México, a diferencia
del pasado, se ha constituido en uno de los ejes de la transición democrática.
Por ello, añadió, en un ámbito democrático toda
decisión de gobierno debe ser conocida en sus fundamentos y en sus consecuencias.
Dijo que la posición crítica expresada en los
medios de comunicación pueden incidir decisivamente en la credibilidad de una
institución pública, por el simple reflejo de posiciones partidistas o de
grupos de interés, así como por la activa participación plural cada día más
demandante y exigente en cuanto a la veracidad, oportunidad y objetividad de la
información.
Aseveró que el desconocimiento y la falta de
confianza de la ciudadanía en el esquema institucional diseñado por el
constituyente permanente y por sus órganos electorales es uno de los
principales problemas que vive nuestro estado de derecho
De la misma manera es fácil entender la
desconfianza de la sociedad en nuestro sistema general de administración de
justicia y en la actuación de los demás órganos de gobierno, indicó.
Ojesto Martínez dijo que la crítica es un
elemento propio de un régimen democrático. "En una democracia es esencial
el debate, para lo cual la crítica es esencial, con lo que ambas, crítica y
democracia, se convierten en binomio inseparable de la libertad de
expresión".
Cuando la crítica es objetiva, bien
intencionada, en un afán constructivo y propositivo, que contribuya a dar
confianza a la ciudadanía en los órganos de gobierno, debe ser aplaudida.
Comentó que los regímenes autoritarios siempre
han tenido particular preocupación por el control de la información y han
intentado neutralizarla por todos lo medios a su alcance.
Empero, los derechos de una sociedad deben ser
garantizados de forma celosa por su orden jurídico, frente a las intromisiones
de cualquiera de los poderes públicos y del llamado cuarto poder.
A su vez, Sergio López Ayllón, coordinador
general de la Comisión Reguladora de la Secretaría de Economía, apuntó que el
debate sobre el derecho a la información en México ha sido, desde el punto de
vista jurídico, poco riguroso, lo cual ha generado gran confusión en los
contenidos normativos en la materia.
Agregó que nuestro país cuenta con una amplia
regulación en materia de información, dispersa en diversos ordenamientos. El
problema es que estas no tienen unidad y en muchos casos sus contenidos están
sobrepasados por la realidad económica, tecnológica y social.
Dicha regulación podría tomar dos vertientes,
por un lado respecto al Estado, a través del establecimiento de un régimen
general que permita el acceso directo y personal de los ciudadanos a los
documentos administrativos, establecer la obligación de los órganos estatales
de crear archivos públicos y garantizar su acceso personal y directo; así como determinar
las obligaciones del Estado como fuente de información, entre otros.
En cuanto a los medios de comunicación Lopez
Ayllón propuso crear reglas para transparentar, en el estatuto jurídico, a las
empresas dedicadas a la comunicación; modificar los procedimientos para la
asignación de concesiones y permisos de operación de estos medios y evitar las
prácticas monopólicas.
Además, regular los derechos de respuesta y
rectificación, y establecer mecanismos de carácter procesal que permitan a los
particulares corregir excesos de los medios, lo cual se podría lograr, dijo,
con la creación de un ombudsman de la prensa.
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