13:00 hrs. abril 6 del 2001


Boletín UNAM-DGCS-348

 

RIESGOS DE SEGURIDAD NACIONAL POR LOS ALTOS ÍNDICES DE POBREZA: SÁNCHEZ ALMANZA

 

 

·        Se requiere atacarla para contar con estabilidad y gobernabilidad

·        En el país hay 44 millones de pobres, de los cuales 27 millones están en pobreza extrema

 

 

 

Los elevados niveles de pobreza en México representan un riesgo para la seguridad nacional por los factores detonantes asociados a ella, afirmó Adolfo Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

 

“Las condiciones mínimas de vida de la población son o deberían ser un componente de seguridad nacional”, dijo el investigador universitario luego de señalar que para contar con estabilidad y gobernabilidad se requiere atacar los problemas sociales como la pobreza.

 

En México, precisó, hay 44 millones de pobres, de los cuales 27 millones se ubican en la pobreza extrema, "lo cual representa una preocupación de grandes dimensiones para cualquier país", indicó.

 

Sánchez Almanza reconoció que el actual gobierno heredó una fuerte carga fiscal y por ello está obligado a obtener más recursos, pero no necesariamente tienen que traducirse en un costo social.

 

Con el nivel de pauperización y que afectaría a tres cuartas partes de la población, se pone en peligro a la nación y aumentan los riesgos de un movimiento social generalizado, advirtió.

 

“Quizá no podemos establecer con claridad el número de pobres que puede resistir el sistema, pero mientras más habitantes se sumen a esa condición hay mayor peligro de provocar una situación desfavorable”.

 

Explicó que entre los municipios de mayor rezago y el surgimiento de movimientos guerrilleros o el narcotráfico existe una correlación. Si bien pobreza no es igual a narcotráfico, delincuencia o guerrilla, sí hay condiciones propicias para el surgimiento de esos problemas.

 

En zonas rurales e indígenas de difícil acceso, en especial en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la falta de recursos es más intensa y coincide con el nacimiento de movimientos guerrilleros, que surgen como un reclamo ante el nivel precario de vida y la marginación en que viven, aseveró.

 

Al no encontrar una salida institucional recurren a expresiones violentas, que aunque no son justificables sí son explicables, porque al analizarse los indicadores de bienestar en el país se observa gran desigualdad entre las áreas rurales y urbanas, explicó Sánchez Almanza.

 

Tras aclarar que quizá el incremento en el número de pobres no se traduzca directamente en movimientos armados, hizo énfasis en que la experiencia que se tuvo con los zapatistas demostró que se puede dar una salida institucional a las tensiones.

 

Por ello, opinó el economista, "debemos cambiar nuestro concepto de seguridad nacional y decir que un componente de ésta es garantizarle a los mexicanos condiciones de vida dignas para reducir la posibilidad de ingobernabilidad".

 

En este sentido, el investigador confió en que la actual administración federal sea sensible y analice el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 por ciento a medicinas y alimentos, y obtenga los recursos de otras fuentes que no representen un costo social tan grave como el que se ve venir.

 

Reformas fiscales como la del IVA no contribuyen a la distribución equitativa del ingreso y por el contrario lo polarizan más.

 

Al respecto, acotó que existen otras vías más convenientes como el buen funcionamiento de la economía para generar empleos e ingresos, mejorar el poder adquisitivo del salario en términos reales y reducir la concentración del ingreso.

 

También se debe aumentar el gasto social en educación, salud, vivienda y alimentación dirigidos a los grupos más vulnerables de la población y en regiones prioritarias.

 

Es importante atender los rezagos sociales antes de que se conviertan en conflicto. A veces no es tan importante la cantidad de recursos económicos como la voluntad de negociar; es cierto que el presupuesto es importante, pero se puede aprovechar el potencial de las comunidades y generar las condiciones tanto jurídicas como sociales que se requieren, así como acrecentar la participación democrática, concluyó.

 

 

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