Boletín UNAM-DGCS-218
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DIFÍCIL EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS
SIN SOCIEDAD INCLUYENTE
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Blanca Ruth Esponda, del CEN del PRI, se
pronunció también por respetar los derechos humanos e impulsar la educación de
las mujeres indígenas
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Necesario tomar en cuenta la condición del género femenino para lograr
la equidad: Gabriela Delgado, del PRD
Mientras
México no alcance el nivel de sociedad incluyente y armonizada en sus
intereses, no podrá lograr el desarrollo económico con una distribución más
equitativa del ingreso, aseguró Blanca Ruth Esponda, secretaria adjunta de la
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
En
el ciclo de conferencias El movimiento
zapatista: una visión amplia, que organiza el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, la ex senadora señaló que el problema crucial de las
mujeres indígenas se centra en el respeto a sus derechos humanos, protección a
la salud, impulso a la educación para participar en la sociedad, así como
apertura de espacios de representación.
Su condición, abundó,
es de marcada marginalidad, toda vez que el analfabetismo entre los hombres
indígenas es de 30 por ciento, en tanto que en las mujeres es del 48.1 por
ciento; a la escuela asisten 73 por ciento de ellos y 67 por ciento de ellas;
mientras que 28 y 45.8 por ciento, respectivamente, no tienen instrucción
primaria.
“Es decir, la
marginación de las mujeres equivale al doble de la que experimentan en la vida
cotidiana los varones indígenas”, añadió Ruth Esponda.
Reconoció que en
relación con esa problemática, su partido perdió vigencia, porque muchos de sus
dirigentes se anquilosaron y dejaron de ver cómo la sociedad se transformaba,
por lo cual dejó de tener las respuestas más apropiadas.
Asimismo, recordó que
en 1989 se suscribió el Convenio Internacional 169 sobre Derechos y Cultura
Indígena de la Organización Internacional del Trabajo, que es “el instrumento
más poderoso para reivindicar y proteger los derechos de los pueblos y
comunidades”.
Ese documento,
explicó, sirvió de inspiración para que el PRI impulsara la reforma al artículo
4° Constitucional, donde se ampliaron sus garantías y se reconoció el derecho a
la cultura propia. Sin embargo, “esta garantía es insuficiente, como lo
demuestra la insurrección zapatista”, subrayó.
El Convenio
-ratificado por México en 1991, está plasmado en los Acuerdos de San Andrés y
en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación- garantiza el
respeto a sus costumbres y autonomía para ser interlocutores con el resto de la
nación.
“Por ello el PRI
respalda íntegra y cabalmente todas las demandas del movimiento zapatista, en
la medida en que están contenidas en el convenio 169”, dijo la ex legisladora.
Calificó a la sociedad
de “cínica e hipócrita” porque, explicó, si bien la Constitución establece que
todos somos iguales ante la ley, en la práctica no los somos; se establecen los
derechos universales, pero no se aplican y existe un sistema jurídico sujeto a
desviaciones, por lo cual es indispensable articular el texto de la ley acorde
con la realidad.
En tanto, Gabriela
Delgado Ballesteros, subsecretaria de Asuntos de la Mujer del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) advirtió que si las mujeres indígenas no
participan en la toma de decisiones en sus comunidades, municipios y estados,
“el mundo no cambiará”.
Este género femenino,
indicó, necesita que se tome en cuenta su condición en la diferencia biológica,
social y cultural, a fin de alcanzar la equidad.
Refirió que a pesar de
que las mujeres indígenas tienen un derecho igualitario ante las leyes, sus
condiciones de vida determinan que la aspiración de igualdad en la diferencia
no exista.
Delgado Ballesteros
consideró que su nivel de vida obedece a cuestiones políticas, de aquí la
necesidad de modificar los parámetros de acción en el ámbito político.
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