Boletín UNAM-DGCS-151
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LAS PROCURADURÍAS, INSTANCIAS INQUISIDORAS:
OLGA ISLAS
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La investigadora del IIJ manifestó la
necesidad de establecer el servicio civil de carrera en esas instituciones
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La reforma a la legislación penal no
resuelve el problema de la delincuencia
El
aumento en las atribuciones de las instituciones encargadas de la procuración e
impartición de justicia desvirtuaron sus funciones y las convirtieron en
instancias inquisidoras, afirmó la investigadora Olga Islas de González
Mariscal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
La
académica aseguró que en la actualidad es necesario establecer el servicio
civil de carrera en la procuración de justicia, instrumentar la
profesionalización y actualización de su personal, así como garantizar salarios
decorosos y estímulos a los servidores públicos.
Al
participar en la segunda jornada del ciclo de conferencias y mesas redondas
“Justicia por propia mano”, realizado en el IIJ, Olga Islas se pronunció a
favor de que las procuradurías se ciñan a los preceptos constitucionales y a la
división de poderes para no extralimitar su actuación.
La
especialista en derecho penal destacó la necesidad de contar con corporaciones
policiales honestas, ya que de lo contrario subsistirá el fracaso en el combate
a la delincuencia.
La
investigadora universitaria censuró la actitud legislativa reformista que
padece el país, la cual significa abusar del derecho penal para erradicar la
delincuencia, problema social producto de múltiples factores.
Ejemplo
de lo anterior, indicó, es la ley para la lucha contra la delincuencia
organizada, que estableció procedimientos irregulares y contrarios a la
Constitución para detectar y sancionar a los grupos criminales.
Acompañada
por el investigador del IIJ, Hugo Concha Cantú; el ex procurador de justicia
del estado de Morelos, Tomás Flores Allende, y el director general de asuntos
internacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ulises
Canchola, Olga Islas manifestó que el combate efectivo a la delincuencia
requiere políticas de prevención y no incrementar las sanciones penales.
En
su intervención, Hugo Concha Cantú planteó la existencia de pocos estudios
sobre el funcionamiento de las instancias del ramo que afirmen que el
incremento de la violencia por propia mano es producto de la crisis por la cual
atraviesan.
Consideró
que un factor determinante de esa situación fue el sistema político mexicano,
cuyas características condujeron a las procuradurías a privilegiar el peso
político por encima de las funciones técnicas.
A
ello se suma, agregó, el centralismo y la subordinación de los poderes
estatales a la Federación y de los tribunales a los órganos ejecutivos.
El
titular de la Unidad de Investigación Empírica del IIJ explicó que el sistema
penal mexicano es disfuncional en todos sus niveles, incluso el penitenciario.
Concha
Cantú aseguró que el problema de la justicia por propia mano evidencia la poca
o nula eficacia de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
En
la sesión del ciclo de conferencias y mesas redondas participó también el
primer visitador general de la CNDH, Víctor Martínez Bullé-Goyri, quien
atribuyó ese fenómeno a la incapacidad del Estado para realizar una de las funciones
que la comunidad le encomienda en el pacto social.
El
funcionario de la CNDH subrayó que existe desconfianza en la población hacia
sus cuerpos policiales, ya que en nuestro país hay más policías privados que
públicos.
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