Boletín UNAM-DGCS-1146
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PIES DE FOTO AL FINAL DE
BOLETÍN
INSEGURIDAD Y
DESORGANIZACIÓN EN EJIDOS
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Deben replantearse los tipos de tenencia de la tierra; hay excesos e
irregularidades: Tripp Rivera
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Organiza el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM un
taller sobre La nueva política forestal: oportunidades y amenazas
La inseguridad de la tenencia de la tierra y
la desorganización en ejidos y comunidades son las causas principales de la
crisis del sector, de ahí que deben
replantearse a fondo los tipos de tenencia de la tierra, con el objeto de
decidir si éstos son los adecuados para la protección de los recursos
naturales, señaló Manuel Tripp Rivera, coordinador del área de políticas
públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El también asesor del Congreso de la Unión en
temas agrarios y forestales aseguró que no hay consistencia en la continuidad
de los acuerdos ni de las decisiones gubernamentales. Hay una entropía dentro
de la administración.
Durante su participación en el
taller La nueva política forestal: oportunidades y amenazas, organizado por el
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM y el CCMSS, coincidió
con Gonzalo Chapela, de la Red Mexicana contra la Desertificación, que la lucha
por el manejo de los recursos públicos y la posibilidad de decidir el uso de
los bienes naturales, ha propiciado un escenario de irregularidades y excesos
que deja a los funcionarios de la nueva administración ante la necesidad de
explicar las razones de su incompetencia o, en su caso, de la ilegalidad con la
que actúan.
A pocos días de que concluya el primer año
del nuevo gobierno, en materia de política forestal México ya cuenta con dos
instancias administrativas que intentan asumir la dirección, operación y
control de la política forestal: la SEMARNAT y la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).
Esta duplicidad de instancias ha provocado
confusión respecto a las funciones que debe asumir cada una en la regulación de
la actividad forestal y la operación de los programas de gobierno dirigidos al
sector, precisó Tripp Rivera, abogado especialista en legislación ambiental.
A la fecha existen dos proyectos de política
forestal diferentes, un Programa Nacional Forestal -cuya coordinación y
operación aún está en disputa-, y dos propuestas distintas de modificaciones al
marco jurídico vigente -una ya presentada ante el Legislativo y otra en proceso
de integración-. De esta manera, con relación al sector forestal, el nuevo gobierno decidió modificar la estructura
con la que venía desempeñándose la anterior administración, insistió Tripp
Rivera.
Por su parte, Gonzalo Chapela señaló que la principal contradicción que hay en
el sector forestal se refiere a la paradoja de que la mayoría de la tierra de
este tipo es social, no solamente de comunidades y ejidos, sino también de
pequeñas propiedades y, por otro lado, la apropiación de la cuestión forestal
es particular.
Agregó que México tiene un gran potencial
económico para ser competitivo, tanto por su capacidad productiva primaria como
por su autosuficiencia. En este momento, es urgente hacer presión e incidir en
el diseño de políticas públicas.
Con relación a la descentralización de los
servicios forestales y de suelo, precisó que la concurrencia de los diferentes
niveles de gobierno para la operación de los mismos servicios, “en lugar de
eficientar la actuación institucional y mejorar la calidad del servicio,
significa un retroceso con relación a la distribución de competencias previstas
en la Constitución de la República y en la Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente”.
En el auditorio de Usos Múltiples del IIS,
Manuel Trip dijo además que dicha descentralización dificulta los trámites a
los productores y dueños de bosques para regularizar su actividad y con ello el
ordenamiento del sector.
En la definición de estrategias, explicó,
mientras que la SEMARNAT propuso impulsar la descentralización de los servicios
forestales y de suelos, la CONAFOR hizo énfasis en la necesidad de mejorar la productividad
y competitividad del sector privado hasta convertirlo en el motor del
desarrollo sectorial para hacer de la actividad forestal un buen negocio.
Da la impresión de que se pretende impulsar
una estrategia para dificultar la integración productiva del sector social para
que, mediante una intensa reforma legal e institucional, y la imposición de
políticas de ajuste, sea aceptada como necesaria la inversión de capitales
privados en el aprovechamiento de los recursos forestales.
En ese sentido, abundó, conviene precisar que
para alcanzar el aprovechamiento sustentable de los bosques, es importante que
los propietarios del recurso se beneficien con la utilidad que resulte de su
manejo.
Finalmente, concluyeron, viables o no las
propuestas contenidas en los proyectos sectoriales de la SEMARNAT y de la
CONAFOR, para poderse realizar requieren de importantes reformas legales, lo
que abre la posibilidad de debatir, en los espacios de decisión, sus alcances y
el impacto que tendrían tanto en la preservación del recurso como en la
integración de una política sectorial incluyente.
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PIES DE FOTO
FOTO 1
Manuel Tripp Rivera, del Consejo Civil Mexicano para
la Silvicultura Sostenible, participó en el taller La nueva política forestal:
oportunidades y amenazas, organizado por el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM
FOTO 2
Durante el taller
La nueva política forestal: oportunidades y amenazas, desarrollado en el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, participó Gonzalo Chapela, de
la Red Mexicana contra la Desertificación