Boletín UNAM-DGCS-1103
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FALTAN
BIBLIOTECAS EN ZONAS INDÍGENAS
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En el país sólo existen 13 bibliotecas para
ese fin: María del Rocío Graniel Parra, investigadora del Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas
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En el Palacio de Minería, la especialista
comentó también que no hay respeto a la diferencia cultural y lingüística
Es urgente implantar servicios bibliotecarios
por parte de las instituciones gubernamentales responsables que hagan realidad
el efectivo apoyo al acceso y uso de la información a los que tiene derecho la
población indígena mexicana, indicó María del Rocío Graniel Parra,
investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
(CUIB).
Al participar en las actividades conmemorativas
del 450 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional, con la ponencia
El derecho a la información en las comunidades indígenas mexicanas, la experta
dijo que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos, donde se dispone que todos los individuos gozarán de las
garantías que otorga la Constitución.
En este sentido, los pueblos y las comunidades
indígenas se mantienen legalmente como usuarios potenciales de las bibliotecas
públicas del país. Empero, añadió, únicamente existen 13 bibliotecas en todo el
país dedicadas a ese fin.
Siete de ellas –proyectadas desde 1995– están
ubicadas en algunas localidades de Chiapas, con apoyo financiero de agencias
internacionales y asesoría de Organizaciones no Gubernamentales, las cuales
funcionan en forma irregular por las condiciones del conflicto en esa entidad
federativa.
Las otras seis bibliotecas –promovidas y
asesoradas por otras Organizaciones no Gubernamentales– están en el municipio
de Ocosingo (una) Chiapas, y cinco en Zautla, Puebla.
En el Palacio de Minería, la especialista
comentó que dentro de la política de la Dirección General de Bibliotecas aún
está ausente el respeto a la diferencia cultural y lingüística que detentan las
comunidades o los grupos indígenas que forman parte de sus usuarios.
"Paradójicamente, en México se tiene el primer antecedente nacional
importante que regula los derechos indígenas correspondiente al Primer Congreso
Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, del cual también
fue anfitrión México en 1940", recordó.
Graniel Parra reconoció que los siglos de
rechazo y devaluación de las culturas y lenguas indígenas mexicanas, así como
la presión recibida por los mestizos para reconocer su pasado indígena han
provocado que ellos se vean en la necesidad de repudiar su lengua como
condición para entrar al engranaje social actual.
Esta situación, abundó, los lleva a ocultarse y
negar que hablan una lengua indígena para protegerse de la imposición mestiza,
aspecto que cuestiona los datos estadísticos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, que en el censo del 2000 señala la
existencia de ocho millones 650 mil 750 indígenas.
Ello plantea la necesidad de conocer cuál es la
merma real que han sufrido las lenguas indígenas mexicanas; cuál es la cantidad
de ellas que se ha extinguido, cuáles se encuentran en peligro de desaparecer y
la cantidad exacta de las que existen.
La investigadora destacó que la Oficina de
Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del actual gobierno
indica que en México existen en la actualidad 62 lenguas con 30 variantes
dialectales. El 9% de esa población es monolingüe en su lengua materna, el
44.27% es analfabeta, el 75% no ha concluido la primaria y 55 lenguas y
dialectos cuentan con algún tipo de material educativo.
Esa dependencia gubernamental señala que la
población indígena tiene un 46% de maestros con formación profesional y un 45%
de la población escolar es atendida por la Dirección General de Educación
Indígena. Este hecho plantea una baja calidad educativa, poca adecuación de los
contenidos a las culturas indígenas, un bajo nivel académico del magisterio,
mínimos contenidos interculturales en el programa regular, poca calidad y
cantidad en material didáctico y, por tanto, alta deserción escolar y baja
eficiencia terminal, concluyó.
Es recomendable que el bibliotecario funja como
agente social de cambio, para lo cual requiere conocer el contexto específico
de la comunidad y sus condiciones culturales y lingüísticas para planificar
conjuntamente con ella la forma de servirle, así como para contar con elementos
que busquen el apoyo hacia el fortalecimiento de la identidad comunitaria,
concluyó.
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