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LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO, CONTRARIA A LOS INTERESES DEL PAÍS: LUIS JAVIER GARRIDO

· Las reformas más urgentes, aquellas que exigen los organismos financieros, señaló el miembro del Instituto de Investigaciones Sociales

· Poco claro el proceso que ha seguido este gobierno para modificar la Carta Magna

La reforma a la Constitución, como la propone el gobierno, es contraria a los intereses del país y a su tradición jurídico-constitucional y de su discusión dependerá que en el siglo XXI, México siga siendo una nación fiel a sus tradiciones o uno más de los estados sometidos a los intereses del capital trasnacional.

Así lo afirmó Luis Javier Garrido, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien señaló que las reformas más urgentes del gobierno de Vicente Fox son aquéllas que están exigiendo los organismos financieros.

El proceso que ha seguido este gobierno para reformar la Carta Magna es poco claro. “Se pretende una Constitución más democrática, que termine con el presidencialismo y que busque un mejor equilibrio de los poderes; sin embargo, lo que se intenta en realidad es una Constitución que responda a las exigencias del mercado”.

La primera modificación constitucional de este sexenio es la que se hizo en materia de derechos y cultura indígena. Esta reforma muestra las mismas prácticas que en muchos casos tuvieron los gobiernos de Salinas y Zedillo: pretender que se está reconociendo un nuevo derecho cuando en realidad se está cancelando, indicó Javier Garrido.

Este proceso ha sido elitista y no de la sociedad. Es un proyecto para legitimar una reforma que se tiene previemente decidida. La reforma indígena fue un proyecto elaborado en Los Pinos y aprobado por el Congreso, de manera que la reforma a la Constitución será preocupante para la nación porque se hará de espaldas al país y conforme a los acuerdos de las elites de los partidos, subrayó.

El también columnista de La Jornada dictó una conferencia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, en donde afirmó que la propuesta constitucional de Vicente Fox no va a prosperar como la gran reforma y, como otros de sus proyectos, se estrellará contra la realidad del país.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox la Constitución ha sido objeto de modificaciones que muy difícilmente se pueden llamar reformas y que van en dirección de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, insistió.

Es el programa de la derecha mexicana, que desde 1982 coincide con el de los organismos financieros. En el caso de terminar con la discrecionalidad presidencial existe una convergencia de esa derecha mexicana (banqueros y grandes industriales) con sectores progresistas de la izquierda, quienes estiman también que hay que democratizar en lo político al país.

Las constituciones modernas, explicó Luis Javier Garrido, nacieron como una necesidad de los pueblos para defenderse frente al nepotismo de los monarcas y para consagrar en ellas una serie de derechos fundamentales.

Los estados modernos no pueden concebirse sin constituciones que tengan este conjunto de principios históricos. Los estados modernos no pueden entenderse sin formas de gobierno democráticas, sin ciudadanos y colectividades con sus derechos garantizados, indicó el también profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Luis Javier Garrido apuntó que el gobierno de Vicente Fox sabe bien que los partidos políticos mexicanos no están en la capacidad de oponerse al proyecto de los organismos financieros internacionales por cambiar la Constitución

El analista político demandó se modifique el artículo 135 de la Carta Magna y establecer otro mecanismo para las reformas que no pueden seguir estando en manos de este órgano reformador, que no busca otra cosa que los intereses y los acuerdos de los partidos políticos.

Las reformas a la Constitución tienen que seguir reconociendo la identidad nacional y los derechos humanitarios. Las constituciones deben seguir garantizando los derechos del ciudadano y los derechos sociales de las colectividades, precisó Garrido.

Las constituciones de este siglo XXI, concluyó, tienen que determinar características de las formas de gobierno que sigan sustentadas en la soberanía popular pero que conduzcan a nuevas formas de ejercicio del poder con un mayor control del ciudadano hacia el mismo.

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El analista político Luis Javier Garrido señaló que la reforma a la Constitución propuesta por el gobierno es contraria a los intereses del país.

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Luis Javier Garrido, del Instituto de Investigaciones Sociales, afirmó que la propuesta de reforma a la Constitución obedece a las exigencias de los organismos financieros.

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Luis Molina Piñeiro, emérito de la Facultad de Derecho y Luis Javier Garrido en el posgrado de la Facultad de Derecho, durante la conferencia donde éste calificó de poco claro el proceso que ha seguido el gobierno para reformar la Carta Magna.