Boletín UNAM-DGCS-1030
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EN MATERIA CULTURAL, EL ESTADO MUESTRA FRANCA DISCRIMINACIÓN
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Ana María Salazar dijo que no podemos
experimentar con la cultura como si fuera un tema irrelevante
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El patrimonio cultural es una metáfora que está
en la experiencia y la memoria colectivas de todos nosotros: Fernando Martín
Juez
A pesar de la transición
democrática que vive nuestro país, la práctica del Estado, desinteresado y
alienador, raya en franca discriminación en materia de cultura. Los estrategas
de la economía y el poder la consideran como si fuera un complemento o un lujo
innecesario, una superestructura superflua e inesencial.
Ana María Salazar Peralta, del
Instituto de Investigaciones Antropológicas, aseguró lo anterior durante su participación
en la mesa redonda Patrimonio, preservación y rescate, que se llevó a cabo en
el Auditorio de esa dependencia universitaria.
Ante ello, expresó, “vivimos
momentos políticos que demandan una gestión cultural que integre la vida de una
nación que requiere reivindicar su diversidad y su pluralidad cultural, desde
los márgenes al centro mismo del poder. No se trata de reproducir esquemas
populistas, pero tampoco podemos permitir la irresponsabilidad de experimentar
con la cultura como si fuera un tema irrelevante”.
Añadió que la paz, la
democracia y el desarrollo humano, sólo pueden arraigarse en la ética y en los
valores populares que conforman las pautas de comportamiento cotidiano de los
pueblos.
Salazar Peralta señaló que el
tema de la cultura no puede trivializarse, la cultura de un pueblo es el eje
que da sentido a la estructura social y política del Estado. Por ello es
desconcertante que en esta materia se establezca como meta de la gestión del
nuevo régimen que el patrimonio cultural debe apostar por la ciudadanización.
La producción cultural de los
pueblos en general, emanada de los sectores populares, ha sido el eslabón más
débil de la cadena del capital simbólico, por lo que gran parte de la
producción cultural de los llamados “grupos subalternos” ha sucumbido frente al
desarrollo capitalista y la modernización del país ante su raquítica promoción
e investigación.
Sostuvo que el Estado
nacionalista, al hacer suya la exclusividad del cuidado, conservación y estudio
del pasado, en particular el prehispánico, creó una profunda contradicción
jurídica y política respecto a los bienes culturales de los diversos sectores
sociales, en especial la de los pueblos indígenas y campesinos, a los que hemos
caracterizado como modernas sociedades tradicionales.
El cambio sociocultural
derivado de la modernización y del desarrollo globalizador que se ha vivido en
México polariza aún más las contradicciones y acentúa la estratificación entre
los distintos sectores sociales respecto a la apropiación y al uso social del
patrimonio cultural.
La antropóloga universitaria
apuntó que en los últimos años en México y en otras naciones de Iberoamérica,
se han gestado movilizaciones sociales cuyo motor se centra en la
reivindicación social, en particular en la conservación del patrimonio cultural
tangible.
Advirtió que la nueva relación
entre desarrollo globalizador y cultura debe partir de las relaciones de
reconocimiento recíproco entre los sectores sociales. Para ello, debe irse más allá
del discurso panfletario y dejar planteadas las condiciones jurídico políticas
indispensables que aseguren un auténtico trato ciudadano, en un Estado que
camine por el sendero democrático y que atienda los derechos de la ciudadanía.
El patrimonio no es el que
debe apostar a la ciudadanización, sino que históricamente en México ha sido la
ciudadanía la que ha apostado por el patrimonio. En la etapa de transición en
la que vivimos ha sido la sociedad civil y no otro sector social el que ha
tomado la responsabilidad política de defender el patrimonio cultural.
Por su parte, Fernando
Martínez Juez, investigador de la Facultad de Arquitectura, aseveró que una
parcela para la producción, las tradiciones, los usos y costumbres, un templo,
la gastronomía, la poesía, la lengua, la música, los signos, los ritos, los
mitos y la religiosidad popular pueden ser patrimonio, ya que este es una
metáfora, una idea trasladada a un objeto, una práctica, un vínculo, un modo de
hacer que decidimos convertir en vehículo y depositario de creencias.
El patrimonio, agregó, es una
metáfora que está entre nosotros, en la experiencia y la memoria colectivas, es
consenso temporal de un colectivo.
Todo patrimonio es válido en tanto
una comunidad así lo considere, sólo la sensibilidad a la belleza y los
sentimientos humanos lo pueden transformar en algo mejor y más ampliamente
compartido.
En su oportunidad, José
Antonio Fernández de la Rota, de la Universidad de Coruña, España, señaló que
en la medida en que vamos dando un giro etnográfico en la construcción del
patrimonio, cada vez nos encontramos con un gran problema, el de la dignidad
humana de personas y grupos sociales, que terminan por convertirse en
espectáculo de otros hombres.
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