20:00 hrs. Enero 22 del 2001
Boletín
UNAM-DGCS-052
LAS DECISIONES JURISDICCIONALES SÓLO DEBEN VALORARSE JURÍDICAMENTE: DIEGO VALADÉS
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El respeto a las instituciones, esencial para cualquier
sistema jurídico, afirmó el director del IIJ
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Quedó atrás el tiempo en que el Poder Judicial se resistía a
intervenir en cuestiones electorales: Francisco Paoli Bolio
Para hacer un examen objetivo
y responsable de nuestras instituciones, es indispensable que las decisiones de
carácter jurisdiccional sean valoradas jurídicamente, afirmó Diego Valadés,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Uno de los valores
fundamentales de cualquier sistema jurídico, dijo, es el respeto a sus
instituciones, las cuales son necesarias para la organización de cualquier
proceso democrático, por lo que deben ser objeto de análisis y reflexión
serenos.
Respecto de las resoluciones
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los casos
de Tabasco y Yucatán, Diego Valadés indicó: no se trata de manifestar críticas o reservas a las
legítimas posiciones políticas que se planteen
con relación a una decisión de carácter jurisdiccional, sino de que ésta
se considere desde el punto de vista jurídico.
Las múltiples opiniones acerca de las resoluciones del TEPJF en los casos de Tabasco y Yucatán ponen en duda la operatividad de las instituciones mexicanas, aseveró Diego Valadés durante la inauguración de la mesa redonda, en la cual se analizó la situación político-electoral de ambas entidades.
En su oportunidad, el
investigador Francisco Paoli consideró que episodios como los registrados en
esas regiones muestran que las cuestiones electorales ya dejaron de estar
ajenas a la aplicación de la ley.
Durante muchos años, explicó
el académico, el Poder Judicial se resistió a intervenir en asuntos de
naturaleza electoral, y ahora en Yucatán hay quienes pretenden regresar a esa
etapa.
En Yucatán, expuso, los
legisladores sostuvieron que el TEPJF carece de competencia para resolver sobre
el nombramiento de los consejeros electorales de la entidad.
Sin embargo, añadió, sí existe
tal competencia conforme a la propia legislación yucateca, porque de acuerdo a
ella, la primera etapa de un proceso electoral incluye, entre otras, la
instalación de órganos electorales como el propio consejo estatal. Eso
significa, precisó, que con dicho nombramiento el Congreso local realiza un
acto administrativo de naturaleza electoral.
Al argumentarse que el TEPJF
no tiene facultades para nombrar por sí mismo a los consejeros electorales,
ante la negativa de los legisladores yucatecos, Paoli Bolio recalcó: el TEPJF
sí está facultado para hacer ese nombramiento, en virtud de que un tribunal
necesariamente está capacitado para ejecutar sus sentencias.
A su vez, José Ramón Cossío, especialista del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, aseveró que las reacciones a las dos
resoluciones del máximo órgano judicial en materia electoral del país son
consecuencia normal de un proceso de alternancia en el poder y de ninguna
manera puede hablarse de una crisis constitucional.
México, puntualizó, carece de práctica
constitucional completa para responder a esta clase de conflictos y por ello
cada nuevo caso dará la sensación de crisis constitucional.
Con las sentencias de Tabasco y Yucatán,
manifestó, el TEPJF estableció un amplio margen de acción como órgano de
control de la legalidad y la constitucionalidad en materia electoral, lo que le
permitirá intervenir en estos procesos de las entidades federativas.
En opinión de José María Serna, del IIJ, lo que
está en juego en Yucatán es la capacidad constitucional de los tribunales para
hacer efectivas sus resoluciones. “Este es un punto fundamental del Estado de
derecho al que todos los mexicanos esperamos y no puede dársele poca
importancia”.
Consideró que más allá de las controversias,
las resoluciones de los tribunales electorales deben ser acatadas, porque sin
son sometidas a un plebiscito se puede llegar a situaciones de desorden e
ingobernabilidad”.
En tanto, Arturo Zaldívar, académico de la
Escuela Libre de Derecho, indicó: pese a todas las discrepancias que han
surgido en Yucatán y Tabasco el tribunal dio pruebas contundentes de su
honorabilidad.
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