14:00 hrs. Enero 8 de 2001


Boletín UNAM-DGCS-015

 

LA UNAM DESARROLLA METODOLOGÍAS PARA EVALUAR LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL PAÍS

 

 

·        Los universitarios producen herramientas que posteriormente se aplican en los procesos de administración de justicia, indicó Graciela Rodríguez, investigadora de la Facultad de Psicología

·        Los psicólogos universitarios diseñan políticas que incorporan la participación de la población y las instituciones involucradas

 

 

Los psicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México cuentan con metodologías confiables para evaluar los índices de violencia típicos –maltrato a mujeres y niños principalmente- que ayudan a estimar la realidad de los estratos marginados de la población, afirmó Graciela Rodríguez Ortega, de la Facultad de Psicología.

 

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el 74.3 por ciento de las agresiones por maltrato físico, emocional y sexual provienen de un familiar. Del total de víctimas de la violencia, el 89.5 por ciento son mujeres cuya ofensa principal (48.1 por ciento) proviene de la madre, y el 26.2 por ciento del padre.

 

 

Para contribuir a la solución de este problema, investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM desarrollan herramientas que posteriormente aprovechan las instituciones públicas y privadas como las Entrevistas a Profundidad que documentan con información acerca de las estructuras familiares; Evaluación Participativa Rural y Urbana; Rutas Críticas y, el uso de los recursos psicológicos aplicados con los criminales y los procesos de administración de justicia.

 

Estos métodos, comentó Rodríguez Ortega, permiten a los investigadores “diseñar políticas y programas que incorporen la participación de la población, las comunidades y las instituciones afectadas”.

 

La investigadora universitaria explicó que, de acuerdo a los diferentes organismos internacionales, vivimos en una de las regiones de mayor rudeza en el mundo, especialmente en México, donde uno de los problemas más graves es la violencia que afecta a grupos vulnerables como mujeres y niños.

 

Graciela Rodríguez dijo que las grandes divergencias entre los niveles de criminalidad y violencia en distintas regiones “reflejan que la conducta violenta es modificable y, por lo tanto, sujeta a acciones preventivas”.

 

A la violencia, añadió, no sólo se le debe considerar como un problema de comportamiento ilegal que requiere del fortalecimiento de las leyes, sino como un “fenómeno íntimamente asociado con el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos”.

 

A la fecha, abundó, se carece de programas que demuestren su utilidad, pero en el ambiente familiar las visitas frecuentes de enfermeras y maestras reducen el abuso contra menores. Asimismo, el entrenamiento de los padres de infantes en riesgo de delinquir, también disminuye la probabilidad de que los hijos incurran en conductas ilícitas.

 

 

Reconoció que la agresividad –particularmente en las grandes urbes de Latinoamérica y el Caribe-, también debe ser abordada por profesionistas de diversas disciplinas, porque “las mediciones clásicas y las intervenciones segmentarias al problema hasta el momento no han demostrado gran efectividad”.

 

La especialista consideró cuatro factores importantes asociados con la violencia: Bioconductuales, en los que la conducta agresiva se asocia con algunos tipos de daño cerebral; de socialización, conductas aprendidas por ensayo y error, originadas por condiciones socioculturales como la pobreza o la propensión a la agresividad relacionada con la exposición a las acciones aprendidas por medio de la televisión; Cognoscitivos, la socialización en los procesos mentales del individuo y, Situacionales, ruido intenso y continuo.

 

A lo anterior, dijo, se suma el hacinamiento, las privaciones crónicas, los fracasos laborales o eventos estresantes de la vida, el divorcio, el fallecimiento de personas cercanas o problemas familiares.

 

Por ello, la intervención de los psicólogos derivará en tratamientos diseñados para la rehabilitación de agresores y la atención a víctimas, concluyó Rodríguez Ortega.

 

 

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