9:00 hrs. Diciembre 29 de 2000
Boletín UNAM-DGCS-873
NECESARIA MAYOR COOPERACIÓN ENTRE
AUTORIDADES ENCARGADAS DE COMBATIR LA DELINCUENCIA
·
Las acusaciones mutuas entre jueces y agentes del Ministerio Público
sólo favorecen a los delincuentes
·
De nada sirve aumentar las penas sino se capacita a quienes participan
en la impartición de justicia
Jueces y
agentes del Ministerio Público deben dejar atrás enfrentamientos y colaborar en
el combate a la delincuencia, afirmó el investigador Enrique Díaz Aranda, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Los
representantes de ambos órganos de impartición de justicia deberían trabajar
coordinadamente con el propósito común de combatir el delito y procesar a
quienes los cometen, en lugar de acusarse mutuamente por las ineficacias con
las que se desempeñan sus tareas dichas instancias, agregó.
El
especialista en derecho penal de la Universidad Nacional señaló que actualmente
el Ministerio Público responsabiliza a los órganos jurisdiccionales por dejar
libres a los delincuentes, mientras que los jueces sostienen que aquéllos
integran de manera deficiente las averiguaciones previas, lo que no les permite
sancionar a quienes cometen delitos.
Este
enfrentamiento entre instituciones, aseguró el investigador universitario, a los
únicos que beneficia es a los propios delincuentes, quienes aprovechan las
deficiencias legales para salir libres y continuar con sus actividades
ilícitas.
Díaz Aranda
manifestó que parte importante de las políticas para prevenir el delito
consiste en evitar que en la sociedad se perciba la sensación de impunidad.
Enrique Díaz
Aranda sostuvo que ante la creciente inseguridad, los legisladores dan a la
población una solución falsa y demagógica al incrementar las penas, ya que ésta
medida no contribuye en nada a reducir los índices delictivos.
De nada
sirve, sostuvo, aumentar las penas si la ley no se aplica correctamente y los
cuerpos policíacos carecen de la preparación para dar respuesta efectiva a la
comisión de delitos.
Tradicionalmente,
añadió el investigador, el derecho penal era visto como una reacción social
ante las conductas ilícitas, pero esta tendencia se ha invertido y lo que se
busca en primer lugar es prevenir el delito.
Sólo cuando
la prevención no da resultado se presenta la reacción a través de las sanciones
penales, pero éstas deben perseguir el objetivo de la readaptación. No se
trata, dijo, de castigar por castigar.
Díaz Aranda
opinó que las diversas políticas que se deben poner en práctica para prevenir
eficazmente los delitos deben adoptarse de manera unitaria, pero las más
urgentes son las relativas a la capacitación y el adecuado equipamiento de las
corporaciones policiales, y la adopción de políticas económicas que permitan
generar un entorno social favorable que no orille a las personas a delinquir
por necesidad.
El académico
aclaró que lo anterior no significa asociar la delincuencia con la pobreza, ya
que existen múltiples casos de individuos con posiciones económicas muy
favorables que incurren en conductas penadas por la ley.
Una medida
que podría resultar positiva sería la de reducir sanciones a los reos por
delitos de carácter económico, cuando éstos estén dispuestos a aportar recursos
para obras de carácter social como hospitales o bien para la generación de
empleos.
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