14:00 hrs. Noviembre 27 de 2000
Boletín
UNAM-DGCS-796
INCIERTOS, LOS CRITERIOS GUBERNAMENTALES PARA DEFINIR EL SUBSIDIO A
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
El director de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Fernando Pérez Correa, cuestionó el
actual modelo de evaluación para las instituciones de educación superior, sobre
el que se basa la asignación de recursos públicos.
Sostuvo que, en el mejor de los casos, las
oficinas hacendarias adoptan criterios de eficiencia y eficacia, así como
principios de asignación de prioridades desconocidas porque no están
fundamentadas en la Constitución ni en la normatividad educativa.
Al inaugurar el seminario “El Futuro de
la Universidad Mexicana”, en el auditorio de la Coordinación de Humanidades,
Pérez Correa añadió que las asignaciones presupuestales se sustentan en
criterios inerciales y en prioridades circunstanciales, por lo que “el
procedimiento es discrecional”.
En su ponencia "Perspectivas de la
evaluación universitaria", el director de la FCPyS advirtió que en el
procedimiento vigente para otorgar el subsidio a la universidad pública nunca
se ha fijado el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ni de los ingresos
públicos federales o estatales que deban destinarse a la educación.
Además, agregó el funcionario universitario, se
advierte la tendencia al empobrecimiento de las instituciones de educación
superior en general y de las universidades en particular. En estas últimas
décadas, precisó, destaca el deterioro de la relación gasto corriente-inversión.
Muchos recursos frescos, señaló, son asignados
mediante procedimientos centralizados y, en algunos casos, discrecionales y no
se nota la existencia o la operación de mecanismos de concertación entre las
instituciones autónomas y las autoridades fiscales.
Pérez Correa manifestó la necesidad de que los
congresos de la Unión y estatales pongan en práctica un procedimiento de
asignación de recursos alternativo, como mecanismo formal, exigible y efectivo
de evaluación de la educación superior y de las instituciones que la atienden.
Dijo que conviene incluir en la agenda interna
de las universidades la discusión para establecer propuestas y mecanismos
internos de evaluación, especialmente para la intervención de árbitros
externos. Asimismo, se pronunció porque esta discusión se lleve al seno de la
ANUIES, institución que cuenta con la experiencia, antecedentes y logros
significativos en esta materia.
El director de la FCPyS resaltó que de llegarse
a un acuerdo a este nivel permitiría que las instituciones educativas
negociaran con las autoridades del sector y fiscales, tanto del ámbito federal
como estatales. El objetivo central sería que en esa especie de “convención
nacional” se diera pie a la formulación de una iniciativa pactada que se
presentaría al Congreso de la Unión para que éste legislara la normatividad
correspondiente y se pusiera fin al modelo discrecional.
Fernando Castañeda, coordinador del Centro de
Estudios Básicos en Teoría Social de la FCPyS y quien organizó el evento,
resaltó que la Universidad Nacional es, como ninguna otra, la institución
fundadora de la nación por sus aportes científicos, culturales, económicos y
sociales.
Expresó que se requiere cumplir los desafíos
actuales mediante una nueva y diferente infraestructura universitaria para la
educación superior, así como entender la función de las universidades del país
tanto públicas como privadas.
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