14:00 hrs.  Octubre 31 de 2000


Boletín UNAM-DGCS-723

 

NECESARIO AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA EN EL DISTRITO FEDERAL PARA FORTALECER SUS FINANZAS

 

 

 

·        El investigador de la UNAM, Adolfo Sánchez,  aseguró que el gobierno capitalino debe fijar nuevas formas para evitar la evasión fiscal

·        El comercio informal deberá incorporarse al Padrón Fiscal

·        Dijo también que es indispensable replantear las relaciones fiscales entre el D. F. y la Federación

 

 

 

El gobierno del Distrito Federal necesita establecer una administración pública más eficiente para elevar la recuperación financiera mediante la ampliación de la base tributaria y la detección de la evasión fiscal, señaló Adolfo Sánchez Almaza, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

 

Al hablar sobre los retos financieros de la administración pública del próximo gobierno de la ciudad, el coordinador del seminario de Economía Urbana y Regional del IIEc, aseguró que se debe incorporar al Padrón Fiscal el comercio de la vía pública, ya que el 90 por ciento no hace ningún pago a la Tesorería.

 

En la conferencia de prensa, donde también participó el académico Ricardo Martínez Atala, el investigador universitario afirmó que es indispensable replantear las relaciones en materia fiscal entre el Distrito Federal y la Federación, y sobre las participaciones federales.

 

En el nuevo contexto de globalidad, dijo, la ciudad de México tiene que sostener su crecimiento económico con el  fortalecimiento de cadenas productivas locales, regionales y nacionales, así como mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y dar beneficios a través del sistema urbano nacional.

 

Además, el presupuesto de egresos tiene que atender objetivos de equidad social para reducir gradualmente las condiciones de pobreza de algunos grupos de la población, por lo que los rubros del gasto que adquieren relevancia son los de vivienda, educación, salud e infraestructura urbana.

 

En la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Coyoacán, Sánchez Almaza se refirió también a la necesidad de compensar la desindustrialización de la ciudad, que se traduce en la caída del empleo manufacturero, mediante la creación de fuentes de trabajo en el sector de servicios, con lo que se superarían sus características de informalidad.

 

El desarrollo sustentable de la ciudad de México, agregó, se tiene que impulsar con el aprovechamiento de los cambios en la base económica que se orienta hacia las actividades de servicios y de industria limpia, tanto en su territorio como en los espacios vecinos que presionan sobre sus recursos.

 

Esta situación implica la instrumentación de políticas de fomento a las inversiones a través de estímulos fiscales, créditos y subsidios selectivos de acuerdo con objetivos socioeconómicos, así como aplicar estrategias de costos reales a los servicios públicos.

 

El autor del libro "Análisis para la asignación de recursos fiscales", reconoció que aunque la ciudad de México avanzó mucho en su autosuficiencia financiera, existen algunos gastos de carácter metropolitano que absorben los ciudadanos y que podrían ser transparentados para compartir más equitativamente los costos con los gobiernos Federal, estatales y municipales.

 

"Es conveniente analizar la pertinencia de algunos cambios en la administración pública como: la descentralización de atribuciones, funciones y recursos del gobierno central de la ciudad hacia las delegaciones, ya que en la operación de grandes obras y en el otorgamiento de algunos servicios se obtienen economías de escala que se tienen que mantener", señaló el Sánchez Almaza.

 

En su oportunidad, Ricardo Martínez Atala, académico del IIEc, coincidió con Sánchez Almaza en el sentido de que para ampliar los ingresos de la administración pública del Distrito Federal se debe incorporar al pago de impuestos a vendedores ambulantes, así como desarrollar un programa para la actualización de los padrones catastral y de contribuyentes al servicio del agua potable.

 

Finalmente, aseguró que se requiere establecer un programa de modernización y combate a la corrupción a los principales entes recaudadores: la Tesorería del Distrito Federal y la Secretaría de Transporte y Vialidad.

 

 

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