Boletin: UNAM-2000/578
Lugar: Ciudad Universitaria
Fecha: Martes, 19 de Septiembre de 2000
LIMITAN EL PODER PÚBLICO Y LA
CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En países con democracias poco
consolidadas o en transición, como México, los peligros para el libre acceso a
la información se encuentran en las limitaciones y obstáculos puestos desde el
poder público y en la concentración mediática, sobre todo empresarial, afirmó
el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM,
Miguel Carbonell.
Se trata, precisó, de un proceso
de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en menos manos,
así como a la aparición de medios y agencias transnacionales que dictan, de un
modo eficaz, cuáles y cómo son los hechos sobre los que se debe informar.
Al participar en la segunda
mesa de trabajo sobre “Concentración de medios y pluralismo”, que se lleva a
cabo en el coloquio internacional “El derecho a la información y los derechos
humanos”, Miguel Carbonell coincidió con Francisco Bastida Freijedo
-catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, España- en
el sentido de que la concentración empresarial de los medios se ha producido de
tres formas distintas:
La horizontal, es decir, sobre
un mismo medio de comunicación; la vertical, por el acaparamiento de medios de
distinta naturaleza, ya sea radio, prensa y televisión cable o vía satélite y,
la transversal, que es una mezcla de la propiedad de estos medios con agencias
publicitarias, de información y de promoción musical, entre otras.
Tanto Carbonell como Bastida
alertaron sobre la creación de una “información única, que corresponde con el
pensamiento único y la cultura única”, lo que muestra la presentación
monolítica de la información, la cual se corresponde con las tesis neoliberales
que han conseguido la creación del “pluralismo de lo económicamente rentable”.
En ese contexto, destacó
Miguel Carbonell, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
España, por el elevado costo tecnológico y por el creciente proceso de
concentración empresarial, a nivel mundial los principales medios de
comunicación son controlados por unos cuantos propietarios en un régimen de
carácter oligopólico.
En el caso específico de
México, explicó, tradicionalmente ha existido una relación estrecha entre el
gobierno y los medios de comunicación. El sistema político, agregó, los ha
mantenido bajo control con diversas formas, incluida la legislación sobre la
materia y, cuando este método empezó a ser insuficiente, se dio a través de
dinero y prebendas.
A cambio, resaltó, los medios
han generado una visión de México como “el país de las delicias” donde nunca
pasa nada. Cuando ha sido necesario, “han masacrado a los opositores del
sistema, emprendido cruzadas mediáticas contra personas que han visto reducidas
a polvo su honra e imagen”. Pero, también, “han silenciado la enorme corrupción
que por años ha regido las relaciones de la elite gobernante y los demás grupos
de poder en el país.
Los poderes Legislativo y
Judicial por su parte, subrayó, se han mantenido al margen de esta situación,
de modo que hasta hoy no se ha reglamentado el derecho a la información y las
tesis jurisprudenciales sobre esta temática son escasas y algunas por lo menos
peligrosas.
En las últimas fechas, comentó
Miguel Carbonell, se ha producido una mayor apertura en la competencia
partidista y, con la alternancia en todos los niveles de gobierno, se ha
generado una mayor dependencia del sistema político con respecto a los medios
de comunicación.
Sostuvo que ese cambio implica
la creación de un régimen jurídico y de una conciencia cívica que evite llegar
a la democracia “de la opinión pública” o a una suerte de “opinión
teledirigida”. Este nuevo pluralismo político está creando un ambiente menos
favorable a la manipulación de los medios públicos.
Asimismo, dijo que debería
introducirse en el texto constitucional una disposición que asegure el acceso a
los medios para los grupos políticos relevantes. Con ello, se buscaría que la
oposición parlamentaria tuviera asegurada la posibilidad de responder a
cualquier programa o acción de gobierno.
Por otro lado, la
investigadora del IIJ, Susana Pedroza de la Llave, al referirse al marco
jurídico del canal de televisión del Congreso mexicano señaló que en los países
con sistemas parlamentarios, los medios de comunicación son pieza fundamental
de la actividad política, al ser órganos de vigilancia y control sobre la
acción gubernamental.
Destacó que, a pesar de los
avances, en México existen vías jurídicas en el ámbito constitucional, sin
embargo, hay diversas necesidades en materia de comunicación, principalmente en
lo referente a su reglamentación.
Por lo anterior, dijo, la Ley
Federal de Radio y Televisión no es adecuada para un Estado que pretende ser
democrático y de derecho. Por ello, añadió, quizá sea preciso suprimir la
dependencia del gobierno y que el nombramiento del presidente del Consejo
Nacional de Radio y Televisión lo realice el Congreso.
Además, debe ser un órgano
autónomo y establecerse nuevamente una comisión bicamaral para el control
racional de dicho órgano autónomo.
Susana Pedroza consideró que
el canal del Congreso es o puede ser una televisión pública en todos los sentidos.
“No se trata de programas sin interés, sino que los mismos buscan cumplir la
función de informar, educar, entender y contar, en consecuencia, con una gran
audiencia”.
Lo principal sería, dijo, que
el canal del Congreso sea considerado totalmente como el canal de televisión
pública, con cobertura nacional.
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