Boletin: UNAM-2000/515
Lugar: Ciudad Universitaria
Fecha: Jueves, 31 de Agosto de 2000
IMPEDIR EL ABORTO, FORMA DE
RESTRINGIR EL PODER DE LAS MUJERES SOBRE LA VIDA HUMANA
Al restringir el aborto, lo
que se impide es que las mujeres ejerzan el enorme poder que tienen de decidir
sobre la vida humana, tanto la propia como la engendrada, señaló Marcela
Lagarde profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Al participar hoy en la
reflexión académica y política sobre La interrupción voluntaria del embarazo.
Ética, derechos humanos de las mujeres, salud pública, organizada por el
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Centro de
Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, la especialista
agregó que el respeto a los derechos humanos, y el aborto es uno de ellos, es
la clave de la modernidad.
La legalización de la
interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, añadió, son un hito en la
actual construcción de las mujeres y la democracia en el mundo. “Me parece,
dijo, que estamos ante un nuevo horizonte cultural”, en el que los países
desarrollados marcan la pauta, al avanzar con mayor rapidez en este aspecto.
En el auditorio Mario de la
Cueva de la Torre II de Humanidades de Ciudad Universitaria, sostuvo, además,
que dentro de la ideología prevaleciente, totalmente misógina, ser madre es más
que ser mujer, pero la identidad femenina no es sólo eso; esta experiencia
únicamente es una parte nada más de su naturaleza
Precisó que hablar de los
derechos humanos de las mujeres es, justamente, hacerlo respecto de su
condición humana, y que al recurrir al aborto eligen por su existencia, frente
a cualquier otra consideración e interés.
Las mujeres, en resumen,
deseamos eliminar el aborto clandestino, y la decisión convertirlo en un
derecho; eliminar las enfermedades de transmisión sexual y las que son
curables, las muertes precoces por causa de la sexualidad y la reproducción,
así como la explotación sexual de las mujeres y la violencia en contra de
éstas, concluyó Lagarde.
Teresita de Barbieri, del
Instituto de Investigaciones Sociales, y Graciela Hierro, directora del PUEG,
también coincidieron en que las mujeres deben decidir qué hacer en caso de un
embarazo no deseado, pues son quienes mandan sobre su cuerpo.
De Barbieri señaló que nadie
está en condiciones de evaluar si tiene o no un hijo como las propias madres,
por su bien y el de quienes la rodean, y que lo ideal sería que su última
palabra sea apoyada por el resto de la familia.
A la hora de tener un hijo,
prosiguió, hay que pensar muy bien en los compromisos que se adquieren, si se
tiene la fuerza para cumplirlos, así como los recursos financieros necesarios.
¿Veo las condiciones para que ese ser sea amado y respetado?, esa es la
pregunta que deben hacerse las mujeres.
Graciela Hierro, quien también
es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, sostuvo que “la ley que lo
prohibe (el aborto) es ley muerta”, porque sigue ocurriendo, y negárlo es
oponerse a la sexualidad de las mujeres.
Al relacionar el problema del
aborto con la ética, manifestó que nadie se convierte en persona si no es
responsable de sus decisiones morales, y este es el caso de la interrupción de
los embarazos no deseados. Esas, al basarse en una jerarquía de valores, no son
inamovibles pues cambian de acuerdo con la época, las circunstancias
económicas, la edad, entre otros aspectos, “son las más difíciles de tomar
porque se debe decidir entre dos males”.
A su vez, Elena Bernal,
integrante del Grupo de Información y Reproducción Asistida (GIRE), consideró
que en actual debate sobre el aborto el discurso que se maneja presenta lagunas
importantes. “El enfrentamiento verbal, que no de ideas, ha estado plagado de
imprecisiones”.
Hay un uso indebido de
términos, como el de vida humana o momento de la concepción, que en realidad se
refiere a un proceso; o de bebés e, incluso, hombres, en lugar de definir las
etapas: cigoto, blastocito, etcétera. También se ha equiparado al ADN con la
esencia de lo humano, “se insiste en que constituye, da lugar por sí mismo a un
individuo”. Además, se igualan los términos despenalización y legalización,
cuando son situaciones diferentes.
Por su parte, Elena Zúñiga,
coordinadora de asesores del Consejo Nacional de Población (Conapo), resaltó
que una de cada cinco mujeres en edad fértil ha experimentado un aborto. Es la
quinta causa de egresos a un hospital y entre la tercera y cuarta causa de
muerte materna.
Por ello, su prevención
constituye la principal estrategia en la política de población, la cual incluye
fomentar el uso y un mayor acceso los métodos anticonceptivos.
Precisó también que de acuerdo
a las leyes de nuestro país el aborto inducido es considerado como delito, con
excepción de algunos casos, y no es aceptado como método de planificación
familiar. Su carácter delictivo, añadió, propicia su clandestinidad,
convirtiéndolo en un problema social y de salud pública.
Finalmente, aclaró que la
postura de la Conapo es que a la hora de hacer reforma a la legislación
relativa a este tema, no se debe ir en contra de los derechos ganados por las
mujeres.
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