Boletin:          UNAM-2000/515

Lugar: Ciudad Universitaria

Fecha: Jueves, 31 de Agosto de 2000

 

IMPEDIR EL ABORTO, FORMA DE RESTRINGIR EL PODER DE LAS MUJERES SOBRE LA VIDA HUMANA

 

 

Al restringir el aborto, lo que se impide es que las mujeres ejerzan el enorme poder que tienen de decidir sobre la vida humana, tanto la propia como la engendrada, señaló Marcela Lagarde profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

Al participar hoy en la reflexión académica y política sobre La interrupción voluntaria del embarazo. Ética, derechos humanos de las mujeres, salud pública, organizada por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, la especialista agregó que el respeto a los derechos humanos, y el aborto es uno de ellos, es la clave de la modernidad.

 

La legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, añadió, son un hito en la actual construcción de las mujeres y la democracia en el mundo. “Me parece, dijo, que estamos ante un nuevo horizonte cultural”, en el que los países desarrollados marcan la pauta, al avanzar con mayor rapidez en este aspecto.

 

En el auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de Ciudad Universitaria, sostuvo, además, que dentro de la ideología prevaleciente, totalmente misógina, ser madre es más que ser mujer, pero la identidad femenina no es sólo eso; esta experiencia únicamente es una parte nada más de su naturaleza

 

Precisó que hablar de los derechos humanos de las mujeres es, justamente, hacerlo respecto de su condición humana, y que al recurrir al aborto eligen por su existencia, frente a cualquier otra consideración e interés.

 

Las mujeres, en resumen, deseamos eliminar el aborto clandestino, y la decisión convertirlo en un derecho; eliminar las enfermedades de transmisión sexual y las que son curables, las muertes precoces por causa de la sexualidad y la reproducción, así como la explotación sexual de las mujeres y la violencia en contra de éstas, concluyó Lagarde.

 

Teresita de Barbieri, del Instituto de Investigaciones Sociales, y Graciela Hierro, directora del PUEG, también coincidieron en que las mujeres deben decidir qué hacer en caso de un embarazo no deseado, pues son quienes mandan sobre su cuerpo.

 

De Barbieri señaló que nadie está en condiciones de evaluar si tiene o no un hijo como las propias madres, por su bien y el de quienes la rodean, y que lo ideal sería que su última palabra sea apoyada por el resto de la familia.

 

A la hora de tener un hijo, prosiguió, hay que pensar muy bien en los compromisos que se adquieren, si se tiene la fuerza para cumplirlos, así como los recursos financieros necesarios. ¿Veo las condiciones para que ese ser sea amado y respetado?, esa es la pregunta que deben hacerse las mujeres.

 

Graciela Hierro, quien también es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, sostuvo que “la ley que lo prohibe (el aborto) es ley muerta”, porque sigue ocurriendo, y negárlo es oponerse a la sexualidad de las mujeres.

 

Al relacionar el problema del aborto con la ética, manifestó que nadie se convierte en persona si no es responsable de sus decisiones morales, y este es el caso de la interrupción de los embarazos no deseados. Esas, al basarse en una jerarquía de valores, no son inamovibles pues cambian de acuerdo con la época, las circunstancias económicas, la edad, entre otros aspectos, “son las más difíciles de tomar porque se debe decidir entre dos males”.

 

A su vez, Elena Bernal, integrante del Grupo de Información y Reproducción Asistida (GIRE), consideró que en actual debate sobre el aborto el discurso que se maneja presenta lagunas importantes. “El enfrentamiento verbal, que no de ideas, ha estado plagado de imprecisiones”.

 

Hay un uso indebido de términos, como el de vida humana o momento de la concepción, que en realidad se refiere a un proceso; o de bebés e, incluso, hombres, en lugar de definir las etapas: cigoto, blastocito, etcétera. También se ha equiparado al ADN con la esencia de lo humano, “se insiste en que constituye, da lugar por sí mismo a un individuo”. Además, se igualan los términos despenalización y legalización, cuando son situaciones diferentes.

 

Por su parte, Elena Zúñiga, coordinadora de asesores del Consejo Nacional de Población (Conapo), resaltó que una de cada cinco mujeres en edad fértil ha experimentado un aborto. Es la quinta causa de egresos a un hospital y entre la tercera y cuarta causa de muerte materna.

 

Por ello, su prevención constituye la principal estrategia en la política de población, la cual incluye fomentar el uso y un mayor acceso los métodos anticonceptivos.

 

Precisó también que de acuerdo a las leyes de nuestro país el aborto inducido es considerado como delito, con excepción de algunos casos, y no es aceptado como método de planificación familiar. Su carácter delictivo, añadió, propicia su clandestinidad, convirtiéndolo en un problema social y de salud pública.

 

Finalmente, aclaró que la postura de la Conapo es que a la hora de hacer reforma a la legislación relativa a este tema, no se debe ir en contra de los derechos ganados por las mujeres.

 

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