Boletin: UNAM-2000/511
Lugar: Ciudad Universitaria
Fecha: Miércoles, 30 de Agosto de 2000
LA PROMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE
LA SALUD IMPACTAN AL SISTEMA JURÍDICO: GRACIELA RODRÍGUEZ
La promoción y el tratamiento
de la salud impactan al sistema jurídico ya sea en el cumplimiento o no de sus
normas e instituciones, y en la creación de marcos regulatorios que facilitan u
obstruyen la salud, la vida armónica de los individuos y el contexto social,
aseguró Graciela Rodríguez Ortega, profesora e investigadora de la Facultad de
Psicología (FP) de la UNAM.
Al dar un panorama sobre la
psicología de la salud, la ex integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM
expresó que los especialistas en esa rama "no encontramos respuestas
generalizadas, sino métodos de estudio variados que nos permiten detectar
problemas humanos y sugerir soluciones particulares".
La investigadora participó en
el seminario “Temas selectos de derecho y salud”, organizada por el Núcleo de
Estudios Multidisciplinarios en Salud y Derecho del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), el cual inauguró el secretario académico de
esa dependencia, Sergio López Ayllón.
Señaló que recientes estudios
psicológicos parecen coincidir con algunas preocupaciones de los juristas:
¿cómo hacer que el derecho sea concebido más allá del castigo y la formalidad
de su creación, como un orden de efecto multiplicador en el desarrollo humano?,
¿cómo explicarse las conductas antisociales que contravienen la norma?
En la mesa redonda Psicología
y Derecho, María Elena Medina Mora, jefa de la División de Investigaciones
Epidemiológicas y Sociales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, se refirió al
“Estado de la farmacodependencia en México y su impacto jurídico”, en
particular a los aspectos que deberían de incluirse en una política de salud.
Al dar algunas cifras, Medina
Mora destacó que en México, de 1970 a 1996 el consumo per capita de alcohol
aumentó el 39.2 por ciento, cifra que en la actualidad representa el 5.4 por
ciento de la población; el 30 por ciento de la población con mayores ingresos
ingiere el 53 por ciento del alcohol disponible, y el 40 por ciento de las
bebidas etílicas no pagan impuestos.
La especialista sostuvo,
además, que en el 21 por ciento de los ingresos por accidentes a las salas de
urgencias se detectan niveles positivos de alcohol en sangre, y que uno de cada
cinco personas que sufren un percance reporta haber bebido en un
establecimiento comercial.
Comentó, también, que al 20.5
por ciento de los jóvenes les han ofrecido drogas, el 34.8 dice que es fácil
conseguirlas, y el 64 por ciento de los consumidores pertenecientes a este
sector social destaca que se las ha proporcionado un amigo.
Antes, el investigador
jurídico Fernando Cano Valle, quien moderó la mesa “Vínculos entre el derecho y
la salud humana”, afirmó que la declaración de una política nacional no basta
por sí sola para garantizar el derecho a la atención de la salud de la
población, por lo que debe traducirse en programas y servicios específicos
aplicables.
El ex director de la Facultad
de Medicina (FM) sostuvo que en la Constitución este derecho sirve para dar a
conocer al individuo que su protección forma parte de la política del gobierno
y se refleja en las leyes fundamentales de la nación, y que todos los derechos
poseen una obligación individual, de esta manera el de la justicia impone a la
autoridad ser equitativo, sobre todo respecto a los servicios de salud para
todos los ciudadanos.
Por su parte, la coordinadora
del evento, Marcia Muñoz de Alba, explicó que en el discurso político, social y
económico del presente siglo un común denominador será la presencia del derecho
y la medicina. Son aspectos presentes tanto a nivel nacional como
internacional.
Dejó en claro que en pocas
ocasiones el derecho y la salud han sido identificados como aliados y por mucho
tiempo han permanecido alejados. “Esto es un error porque realmente constituyen
un binomio correlativo: el derecho y la salud se necesitan y se refuerzan
mutuamente”.
En su oportunidad, el
investigador de la FM, Fernando Martínez Cortés, pidió que los futuros galenos
tengan una mejor preparación clínica para dar una mayor atención al aspecto del
padecimiento clínico y no sólo físico del paciente.
Explicó que el médico debe
reconocer que el enfermo es una persona no un cuerpo, por lo que tiene que
modificar la forma en que da consulta con una atención más de fondo para
conocer las causas reales que provocan los padecimientos.
Al hablar sobre el “Presente y
futuro de la atención de la salud en México”, la diputada priísta Mercedes Juan
López, expuso la necesidad de mejorar los servicios de salud para dar una mejor
atención, crear el servicio civil de carrera y un programa nacional de
investigación en salud, así como regularizar la formación de profesionales en
el ramo.
Asimismo, planteó la necesidad
de que se conformen comisiones estatales de arbitraje médico en todo el país,
pues apenas hay 13; se fortalezca el mercado de medicamentos genéricos y se
establezca vigilancia sanitaria de bienes y servicios nacionales.
En tanto, el diputado
perredista Gonzalo Rojas Arreola, indicó que ante la llegada de un Congreso de
la Unión más plural, existe la esperanza y posibilidad de que no se desmantele
la seguridad social y la población tenga este beneficio indispensable para
ella.
A su vez, Feggy Ostrosky,
profesora de la FP, habló sobre las bases biológicas de la violencia. Dijo que
el factor de género es importante porque la mayoría de las personas vinculadas
a eventos de esa naturaleza son del sexo masculino.
La especialista, quien
actualmente realiza una investigación en un grupo de 25 sujetos de una prisión
de alta seguridad, aclaró que gracias estudios de neuroimagen se ha comprobado
que cuando el ser humano presenta actos de agresión existe una acción de cuatro
estructuras cerebrales: el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y la corteza.
También puede darse el caso, agregó, de que el daño no sea estructural sino de
deficiencias de las sustancias que intervienen en los procesos neurales.
Finalmente, Nelly Salgado de
Snyder, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, al hablar de las
motivaciones de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, manifestó que para la
psicología un problema fundamental a tratar es cómo les afecta el doble papel
que juegan: en sus comunidades de origen y en Estados Unidos. De acuerdo con
cifras de 1997 en EUA había más de siete millones de mexicanos; de éstos,
cuatro millones estaban legalmente, tres millones eran indocumentados y
alrededor de un millón eran ciudadanos naturalizados.
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