Boletin:          UNAM-2000/275

Lugar: Ciudad Universitaria

Fecha: Sábado, 27 de Mayo de 2000

 

EL 60 POR CIENTO DE LOS CAPITALINOS CARECE DE UNA VIVIENDA LEGAL Y DIGNA

 

 

En la ciudad de México, alrededor del 60 por ciento de la población vive en terrenos irregulares carentes de servicios, mientras que otro 30 por ciento posee una vivienda de interés social de 60 ó 70 metros cuadrados, afirmó Sergio Flores Peña, coordinador de la Licenciatura de Urbanismo dela UNAM.

 

En entrevista, indicó que las zonas donde se presentan mayores invasiones de terrenos se ubican en el sur de la ciudad, “donde, incluso, se rebasan las reservas ecológicas principalmente de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras”. Así como en Tecamac, Cuautitlán Izcalli, Lago de Texcoco y Huixquilucan, estado de México.

 

El catedrático manifestó que no existe una política de planeación urbana efectiva. “La planificación del gobierno ha sido emergente en los últimos 30 años, pues se han ido regularizando los terrenos que fueron invadidos por gente que carecía de vivienda, llevando en ocasiones los servicios a lugares de difícil acceso”.

 

El fenómeno de los asentamientos irregulares, expresó Flores, tiene su origen principalmente en la pobreza de las personas que emigran a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Al no tener acceso a una vivienda “buscan la forma de hacerse de un terreno donde puedan habitar mientras desempeñan algún trabajo en la ciudad”.

 

Esta necesidad ha sido aprovechada por grupos, organizaciones y partidos políticos que promueven la invasión de predios, “se asumen como gestores ante la autoridad y obtienen un beneficio económico o electoral, y en este sentido se ha convertido en un medio de control político”.

 

El llevar los servicios básicos de agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación a los asentamientos irregulares puede tardar hasta 20 años pues los terrenos son de difícil acceso, están en los cerros, los barrancos y se trata, además, de ejidos, zona federal o de reserva ecológica. Esto tiene un gasto oculto -agregó el urbanista-, ya que la gente tiene que pagar por tener los servicios de manera permanente.

 

Contar a la larga con todos los servicios, una vez que se reconoce la propiedad, implica sujetarse a intereses políticos y a la capacidad que se tenga de pago; por un lado, los partidos gestionan ante la autoridad que se les dote de servicios a sus simpatizantes, mientras que el gobierno no tiene los recursos suficientes.

 

A pesar de que el gobierno cuenta con programas de vivienda como el Infonavit y Fovissste, que construyen y otorgan vivienda a los trabajadores, “la mayoría no gana lo suficiente - en promedio obtienen de 1 a 2 salarios mínimos - o bien trabajan en el sector informal, lo que los impide el acceso a una vivienda de interés social”.

 

El investigador concluyó que el problema de los asentamientos irregulares continuará en el futuro, “la población seguirá creciendo y buscando oportunidades en las ciudades”.

 

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