Boletin:          UNAM-2000/205

Lugar: Ciudad Universitaria

Fecha: Martes, 02 de Mayo de 2000

 

NO ES POTESTAD DE LA UNAM RETIRAR CARGO DE PELIGROSIDAD SOCIAL

 

 

La UNAM reiteró hoy que carece de facultades para gestionar el desistimiento de las acciones penales ante las instancias judiciales para aquellos delitos que se persiguen de oficio; insistió en que la calificación de “peligrosidad social” no es potestad de las autoridades universitarias, y señaló que es falso que la Abogada General haya realizado gestiones de “carácter selectivo”, sobre el particular.

 

En respuesta al comunicado del Consejo General de Huelga (CGH), emitido el pasado 28 de abril, la Comisión de la Rectoría sostuvo que la Universidad Nacional no es autoridad competente para formular ni para reiterar dicha calificación; no obstante, precisó que, si se requiere, se otorgarán las constancias de la historia académica de los estudiantes, que sean solicitadas.

 

Por otra parte, la Oficina de la Abogada General dio a conocer los 75 expedientes que fueron sobreseídos en el Tribunal Universitario, a fin de dejar sin efecto las actas que habían sido levantadas en contra de 291 miembros del CGH.

 

En el documento de respuesta al CGH, la Comisión de la Rectoría rechazó que la Universidad Nacional tenga interés en realizar tácticas dilatorias para alargar los procesos judiciales y manifestó su voluntad para resolver la situación de los universitarios que aún están detenidos con motivo de los acontecimientos registrados los días 1 y 6 de febrero de 2000.

 

Informó que por instrucciones del Rector Juan Ramón de la Fuente, la Oficina de la Abogada General ha realizado y continuará haciendo todas las gestiones, que en derecho procedan, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales correspondientes, para cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos ante la comunidad universitaria y contribuir así a la liberación de los universitarios detenidos.

 

Asimismo, subrayó que la libertad de estos universitarios no ha dependido de la comparecencia personal del Rector o de la Abogada General ante los juzgados correspondientes. “No es presentando promociones formales y en persona por parte de las autoridades universitarias como se han resuelto ni se resolverán favorablemente los procesos judiciales instaurados”.

 

Además, reiteró que ya se gestionó ante el Ministerio Público Federal la cancelación de las órdenes de aprehensión, producto de las denuncias presentadas por la institución.

 

Sin embargo, explicó que el robo calificado es un delito que se persigue de oficio, “no obstante la UNAM está dispuesta a aportar los elementos que favorezcan el proceso judicial de los detenidos”.

 

La Comisión de la Rectoría insistió en que ya se han retirado los cargos a los universitarios que estaban sujetos a los procesos por el delito de dañoen propiedad ajena, no obstante, en caso de que hubiera un elemento adicional que aportar, la Universidad Nacional está en plena disposición de hacerlo.

 

Exhortó nuevamente a los trabajadores de la UNAM lesionados para que otorguen el perdón a quienes los agredieron y aún no se les ha otorgado; convocó a los abogados de los estudiantes detenidos, para que se reúnan con la Abogada General y, conjuntamente, se establezcan acciones adicionales desde el punto de vista legal, con el propósito de lograr la libertad de los detenidos.

 

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